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El general retirado Mauricio Santoyo Velasco, quien anteriormente se desempeñó como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo su última oportunidad para contribuir a la verdad y seguir bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acceder a los beneficios de la justicia transicional.
En una audiencia privada el jueves 21 de marzo, Santoyo se presentó ante los magistrados Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento. Se le presentó un cuestionario sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares durante su tiempo como comandante del Gaula en Medellín, entre 1997 y 2001.
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Santoyo está siendo investigado por supuestamente recibir pagos y realizar operaciones conjuntas con paramilitares durante su tiempo en el Gaula en Medellín. A pesar de la evidencia presentada por la JEP, Santoyo negó cualquier responsabilidad en los hechos por los que está siendo procesado y no proporcionó ninguna nueva información relevante.
Los magistrados advirtieron a Santoyo que esta audiencia era su última oportunidad para hacer contribuciones significativas a la verdad que cumplan con los estándares de la JEP y el Sistema Integral para la Paz. Si Santoyo no proporciona contribuciones significativas, se podría iniciar un incidente de incumplimiento que podría resultar en su expulsión de la justicia especial.
"En caso de que se determine que el compareciente incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad", indicó la JEP.
La información que posee Santoyo podría ser útil en los casos relacionados con el asesinato de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o agentes del Estado en alianza con paramilitares.
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Santoyo tiene dos procesos penales pendientes que están parcialmente suspendidos mientras permanezca bajo la JEP: uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado en los Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.
Santoyo fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021 y se le otorgó el beneficio de la privación de la libertad en una unidad policial. Si se determina que Santoyo ha incumplido el régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y continuaría privado de la libertad.
