Tumban condena contra Gobernador del Cesar

El Gobernador suspendido había sido condenado en primera instancia a 5 años de prisión por delitos electorales
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar
Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar Crédito: Cortesía: Comunicaciones Gobernación del Cesar

La Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia decidió tumbar la sentencia que condenó a cinco años de prisión al suspendido gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por delitos electorales.

La decisión de la Corte se toma en segunda instancia después de revisar la condena emitida en julio por la Sala de Primera Instancia de la Corte.

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Los hechos por los que el suspendido Gobernador fue condenado en primera instancia, y ahora absuelto, sucedieron durante su campaña política en el 2011 cuando se comprometió a no desalojar a 800 personas que invadían un predio en Valledupar a cambio de votos a su favor para llegar a la Gobernación para el periodo 2012-2015.

En el fallo de primera instancia la Sala había señalado que al comprar votos a su favor el Gobernador suspendido había afectado la autonomía de los electores y los mecanismos de participación democrática que están en la Constitución del país.

En este fallo de segunda instancia la Corte dice que el joven político es inocente por el delito que se le acusó: corrupción al sufragante.

La decisión de la Corte significaría que Monsalvo podría quedar libre y seguir en su cargo de Gobernador.

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Además, no tendría que pagar la millonaria multa que le impuso la condena que hoy se cae, que rodeaba los 301,58 salarios mínimos legales vigentes.

Actualmente Monsalvo enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría por denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de mercados destinados a familias vulnerables en época de pandemia por COVID-19.

En medio de esa investigación disciplinaria, la Procuraduría solicitó suspender la liquidación de 37 contratos por más de 14 mil millones de pesos para ayudas por la COVID-19.

Esos contratos se firmaron para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria.

En esa investigación la Procuraduría, comprobó que las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del César, “que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia”.


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