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A través de una comunicación formal dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynnet, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño Hormaza, la defensa de Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los máximos cabecillas y cofundador del “Tren de Aragua” solicito que esa organización criminal sea incluida dentro de los procesos de la Política de Paz Total que adelanta el Gobierno Nacional.
El documento firmado por los representantes legales de Álvarez Núñez —actualmente requerido en extradición—, plantea la apertura de un proceso exploratorio de paz con dicha organización, alegando que su representado es uno de los fundadores del grupo y que este cuenta con presencia en Colombia.
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Según la comunicación, la iniciativa se enmarca en el principio constitucional de la paz como valor supremo, bajo el cual el Estado ha adelantado acercamientos con otros actores armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo y en el pasado, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Solicitud de diálogos exploratorios con el Tren de Aragua
Los abogados Luis Gustavo Moreno y Kalev Giraldo Escobar, argumentaron que la 'Política de Paz Total' impulsada por el actual Gobierno ha permitido establecer canales de diálogo con diversas estructuras criminales, con el propósito de avanzar hacia su desmantelamiento y contribuir a la seguridad ciudadana, la justicia y el orden público interno.
En ese contexto, el escrito destaca que hay una voluntad expresa de Larry Amaury Álvarez Núñez de abrir un camino de desmovilización para el 'Tren de Aragua', en territorio colombiano. Según sus defensores, esta decisión podría generar un impacto positivo en la reducción de la violencia y fortalecer los mecanismos de reconciliación previstos en el marco de la política gubernamental.
El documento recuerda los precedentes históricos en los que el Estado colombiano ha autorizado diálogos con grupos criminales organizados, mencionando los casos de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), quienes participaron en procesos de desmovilización y justicia transicional durante los acuerdos con las AUC.
La solicitud presentada contiene tres peticiones concretas. En primer lugar, se pide que el Gobierno Nacional, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, evalúe la posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con Álvarez Núñez en representación de la organización.
En segundo lugar, se solicita que dentro del marco de la Paz Total, se suspendan temporalmente las decisiones de extradición mientras se desarrolla el proceso exploratorio, en atención a precedentes históricos similares.
Por último, los abogados plantean la posibilidad de que Álvarez Núñez sea designado Gestor de Paz, con el fin de facilitar los acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización.
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La comunicación concluyo que la propuesta no busca desconocer las obligaciones internacionales del Estado ni los derechos de las víctimas, sino contribuir a un proceso verificable y ordenado de desmantelamiento del Tren de Aragua, conforme al marco normativo vigente y a los precedentes nacionales.
