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Líderes indígenas del Valle denunciaron ser víctimas de hostigamientos, amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados ilegales, además, alertaron que la sociedad civil los está estigmatizando, lo que agrava la crisis de derechos humanos en varias zonas del departamento.
En diálogo con La FM, Jhon Anderson Ipía, coordinador político del Consejo de Gobierno propio del pueblo Nasa, señaló que las comunidades de la zona montañosa están siendo 'blanco' de vulneración a los derechos humanos por parte de las disidencias de las Farc.
"Estamos alzando nuestra voz, haciendo una denuncia pública frente a toda la situación de derechos humanos que se viene presentando en el Valle, pero principalmente en algunos municipios de la zona suroriente: Florida, Pradera, Cali, Jamundí, donde las disidencias de las Farc 'Dagoberto Ramos' y el frente 57 'Yair Bermúdez', vienen vulnerando a las comunidades principalmente rurales a través de hostigamientos, enfrentamientos, amenazas", dijo.
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De acuerdo con Ipía, esta situación ha creado un clima de inestabilidad que se refleja en asesinatos y hechos de intimidación contra la población civil.
"Eso ha venido generando un ambiente inestable debido a que estos grupos armados siguen ocasionando estrategias de intimidación hacia la población civil, también la serie de asesinatos que se han presentado durante los últimos meses en varias comunidades de la zona rural", explicó.
El líder indígena recordó que tanto campesinos como autoridades locales han sido 'blanco' de ataques. "Compañeros del sector campesino e indígena han sido asesinados por grupos armados y, con frecuencia, como ocurrió en Pradera, con el secretario de Gobierno, esto se suma a varias situaciones de panfletos de amenazas", denunció.
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Ipía pidió respeto por la vida y la integridad de los civiles. "Queremos hacer el llamado y la denuncia a que estos grupos respeten la vida, la integridad de las personas, de la población civil que son ajenos al conflicto armado. Que no sigan realizando intimidaciones y estigmatización que han sido muy perjudiciales para campesinos, indígenas y comunidades urbanas y rurales", agregó.
Finalmente, exigió al Gobierno Nacional garantizar la seguridad y la inversión social de los territorios campesinos e indígenas del departamento del Valle del Cauca.
"Queremos hacer la denuncia pública también al Gobierno Nacional, que tiene que velar por los derechos humanos y el acompañamiento a los procesos organizativos, orientando garantías en materia de protección de la vida y a través de inversión en los territorios", concluyó.
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Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia para los municipios de Florida y Pradera, ante el riesgo que existe por la presencia de grupos armados ilegales.
"El escenario de riesgo actual está determinado por el accionar de dos grupos armados ilegales que delinquen en la zona focalizada, configurándose un escenario mixto entre la consolidación y la disputa territorial", reza el comunicado del ministerio Público.
