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El próximo 13 de enero termina la vacancia judicial y reinician las labores de los magistrados de las altas cortes, entre ellas el Consejo de Estado que tiene pendientes una serie de decisiones que podrían darse a conocer antes de mitad de año.
Sin duda, una de las más importantes es sobre el futuro del fracking. El fallo que determinará si se anula o no la posibilidad de la exploración y explotación de petróleo y gas en el país, en yacimientos no convencionales, estará en manos del magistrado Ramiro Pazos, quien suspendió la norma en el 2018, mediante una medida cautelar, al considerar que no hay certeza del daño que pueda existir en la salud y el medio ambiente el uso de la técnica.
Sin embargo, en la actualidad, los proyectos piloto de investigación para el uso de fracking están permitidos, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, como licencia social y veeduría ciudadana.
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Cualquier decisión que se tome al respecto sería polémica, porque mientras que el Gobierno dice que está en juego la seguridad energética del país, ambientalistas señalan que la técnica generaría graves daños a la salud y medio ambiente.
Futuro político de Mockus
Aunque el año pasado el Consejo de Estado anuló la elección de Antanas Mockus como congresista, por supuestamente estar inhabilitado para el cargo al figurar como representante legal de la firma Corpovisionarios, este año la Sala Plena de la corporación debe estudiar, en segunda instancia, la tutela contra esa decisión que le permitió volver al Congreso.
El debate es bastante espinoso porque por esos mismos hechos, Mockus ganó en una demanda de pérdida de investidura en la que se concluyó que no había cometido ninguna inhabilidad. La decisión está en manos de seis conjueces y será uno de los primeros puntos que deba resolver el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El futuro de Hidroituango
En el Consejo de Estado también cursa una demanda que busca tumbar la licencia ambiental que se entregó para la construcción del proyecto hidroeléctrico hidroituango. La demanda fue interpuesta por las comunidades del Cañón del Río Cauca aledaños al proyecto hidroeléctrico los cuales dicen estar en permanente riesgo por la posible inestabilidad del muro.
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Las mismas comunidades señalan que han tenido que enfrentar afectaciones en su salud, vivienda, trabajo y acceso a fuentes de agua por la actividad y el represamiento del río. La demanda, que cursa en el Consejo de Estado, es contra la licencia ambiental otorgada al megaproyecto ’Hidroituango’ expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (Anla), a través de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009.
Contra el proyecto también existe una tutela de la Procuraduría en un juzgado de Medellín y un proceso penal en curso en la Fiscalía contra Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango y Luis Javier Vélez, exdirector del proyecto hidroeléctrico, por presuntas irregularidades en la firma del contrato de la obra.
Dosis mínima
Por otro lado, el Consejo de Estado tomará decisión sobre una demanda contra el decreto presidencial que permite a las autoridades decomisar en espacios públicos la dosis mínima.
La acción fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá Luvi Katherine Miranda Peña, quien señaló que la Policía no tiene la capacidad de atender al deber del Estado, de procurar la rehabilitación de los adictos y garantizar su derecho a la salud con acciones ajenas al tratamiento punitivo.
