JEP unifica casos por crímenes del conflicto en Chocó y Urabá

La JEP unificó dos casos para investigar crímenes contra pueblos étnicos en 14 municipios de Chocó y Urabá.
Urabá
La JEP unifica investigaciones en el Caso Conjunto 0409 para esclarecer crímenes en Chocó y Urabá durante conflicto armado en Colombia. Avance en justicia transicional para comunidades étnicas. Crédito: Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la conformación del Caso Conjunto 04-09, una estrategia que integra investigaciones sobre crímenes cometidos en territorios étnicos de Chocó y Urabá, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos más graves ocurridos en la región durante el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó unificar dos líneas de investigación previamente abiertas: el Caso 04, centrado en la situación territorial del Urabá, y el Subcaso Chocó del Caso 09, que aborda crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.

Esta decisión permitirá a la Jurisdicción abordar de manera integral los impactos del conflicto sobre comunidades indígenas y afrodescendientes en 14 municipios ubicados a lo largo de la cuenca del río Atrato, uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia.

La investigación se enfocará en hechos ocurridos entre 2002 y 2016, atribuidos a estructuras del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.

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Las zonas priorizadas han sido organizadas en cuatro subregiones:

  • Darién: Acandí y Unguía.
  • Bajo Atrato: Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá (Chocó) y Murindó (Antioquia).
  • Medio Atrato: Bojayá, Medio Atrato, Quibdó (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia).
  • Alto Atrato: Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Río Quito.

Entre los crímenes documentados figuran desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores y afectaciones ambientales, en una zona que ha sido históricamente disputada por su valor estratégico, ecológico y económico.

La magistratura retoma como referente la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, vinculando a las autoridades y comunidades étnicas con su protección, restauración y conservación.

Este fallo marcó un hito al reconocer la relación integral entre el territorio, la identidad cultural y la subsistencia de las comunidades ribereñas.

A la fecha, más de 54.000 víctimas han sido acreditadas en el Caso 04, la mayoría pertenecientes a comunidades étnicas, mientras que en el Subcaso Chocó del Caso 09 se han registrado más de 128.000 víctimas con pertenencia colectiva.

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La creación del Caso Conjunto 04-09 representa un avance sustancial en los esfuerzos de justicia transicional en el país, al responder de manera articulada y diferencial a las afectaciones vividas por las comunidades étnicas del Chocó y Urabá durante el conflicto armado.

Por: Alejandro Gaviria González


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