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Los uniformados del Gaula de la Policía en Caldas adelantaron una operación, en coordinación con la Fiscalía, que permitió desarticular una estructura dedicada a la extorsión desde el interior de la cárcel de mediana y máxima seguridad Doña Juana de La Dorada.
El grupo criminal conocido como 'Efesto' habría convertido el establecimiento de reclusión en su centro de operaciones, desde donde intimidaba a comerciantes, ganaderos y ciudadanos mediante llamadas en las que se hacían pasar por integrantes de grupos armados ilegales.
La investigación, que tomó varios meses, reveló que los delincuentes usaban teléfonos celulares y tecnología ingresada de manera irregular a los centros penitenciarios para cometer extorsiones.
La comandante de la Policía en Caldas, coronel Rocío Milena Melo, señaló que seis guardias activos del Instituto Penitenciario facilitaron el ingreso de equipos y accesorios tecnológicos que permitieron a los delincuentes operar desde el interior del penal con total fluidez.
En el operativo fueron capturadas ocho personas: siete presuntos integrantes de la organización y una mujer que, según la Fiscalía, cumplía un papel clave, pues era la encargada de recibir el dinero producto de las extorsiones a través de puntos de giros.
A un interno ya procesado también se le imputaron cargos por continuar participando en las actividades de la red.
“Estos guardianes del Inpec lo que hacían ellos era facilitar medios, facilitar el ingreso de elementos prohibidos, precisamente celulares en su mayoría, para poder generar estas llamadas. Este grupo delincuencial lo que hacía eran estas llamadas extorsivas; la mujer se encargaba de todo el dinero, recaudaban el dinero y los guardianes permitían el ingreso de los elementos”, agregó la coronel Rocío Melo.
Según la investigación, los integrantes de 'Efesto' llamaban a las víctimas identificándose como miembros de grupos armados, usando un libreto que apelaba a amenazas directas contra la vida e integridad de sus familias.
A partir de esos llamados, buscaban obtener pagos inmediatos para supuestamente “garantizar la seguridad” de quienes eran contactados. Cada uno cumplía un rol claro dentro de la cadena criminal: desde quienes ejecutaban las llamadas hasta quienes recogían y entregaban el dinero.
Todos los capturados fueron enviados a prisión con medida de aseguramiento intramural, mientras avanza el juicio oral en su contra por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y prevaricato por omisión.
