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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamaron a responder en una versión voluntaria a Enrique Alberto Ariza Rivas y a Rodolfo Medina Alemán, exjefe de inteligencia y ex subdirector de contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), respectivamente, para que entreguen un aporte temprano a la verdad en torno a graves delitos cometidos cuando hicieron parte de ese liquidado organismo de inteligencia.
En desarrollo de la investigación, los magistrados esperan que estos exfuncionarios de alto nivel del extinto DAS entreguen información revlevante en relación con la persecución, las interceptaciones ilegales y hasta torturas psicológicas que cometieron contra periodistas, magistrados de las altas cortes, líderes políticos, entre otras personalidades.
En la decisión adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, se indaga un patrón de criminalidad cometido por parte de estos exfuncionarios contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería; el exrepresentante a la cámara Wilson Borja Díaz, la periodista Claudia Julieta Duque y los representantes de los colectivos de abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, quienes fueron reconocidos como víctimas.
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Por disposición de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la diligencia contra Medina Alemán se llevará a cabo el próximo 31 de enero y la de Ariza Rivas, el 2 de febrero.
Los magistrados insistieron en el papel fundamental que juegan las víctimas en estos procesos que se siguen ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Esta magistratura encuentra conforme a la lo establecido en la jurisprudencia Interamericana, respecto al deber que tiene el Estado de garantizar que en los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios”, indicó la JEP.
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Los magistrados también destacaron en la decisión que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado respecto a la participación de las víctimas en los procesos, que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los respectivos procesos, sea en el esclarecimiento de los hechos, en la determinación de los responsables, o en busca de una debida reparación”.
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