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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó para este 20 y 21 de noviembre a una audiencia pública al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, para evaluar su posible incumplimiento del régimen de condicionalidad, al no aportar suficiente verdad y determinar si lo expulsa de ese tribunal.
De acuerdo con los magistrados el oficial retirado no ha aportado información relevante a la JEP sobre hechos que serían de su conocimiento por el rango y rol que tuvo cuando estuvo activo en la fuerza pública.
La Sala de Definición de la JEP abrió en marzo de este año el incidente de incumplimiento contra el general (r) Santoyo, luego de analizar sus aportes de verdad sobre crímenes cometidos cuando fue comandante del Gaula en Antioquia, entre 1997 y 2001.
Dentro de los casos sobre los cuales se requiere que suministre información se encuentra la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, quienes integraban la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en hechos cometidos en octubre del año 2000, en Medellín (Antioquia).
En desarrollo de este proceso, la JEP admitió como nueva prueba la documentación presentada por la defensa del oficial en retiro que da cuenta de su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y solicitó a esa entidad informar si las contribuciones entregadas por el general fueron satisfactorias.
De acuerdo con los magistrados "una prueba sobreviniente solo puede admitirse cuando se trata de un elemento con suficiente relevancia que no pudo conocerse antes y cuya ausencia podría afectar el derecho a la defensa o la integridad del proceso".
La JEP explicó que este escenario no significa reabrir o extender el período de pruebas, sino que, se pueden incorporar nuevas evidencias fuera del tiempo establecido, pero sólo cuando sean indispensables para resolver el caso.
Igualmente, se requirió al Grupo de Análisis de la Información de la JEP elaborar un informe de contexto sobre la violencia sistemática y generalizada contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales en Medellín, entre 1999 y 2001, para contrastar la información suministrada por el general (r) Santoyo.
Esta audiencia contará con la participación presencial del oficial en retiro, su defensa, la víctima reconocida en el proceso Adriana Patricia Quintero Úsuga, su representación judicial y el delegado de la Procuraduría.
Los magistrados enfatizaron que con esta determinación, la JEP reafirma su compromiso de hacer seguimiento estricto al cumplimiento de las condiciones pactadas por parte de los diferentes comparecientes sometidos a esta Jurisdicción y como garantía de protección de los derechos de las víctimas.
