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La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional, que inicialmente ronda los tres meses, del general Juan Miguel Huertas, exjefe del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, exdirectivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El ente de control ratificó su decisión el 23 de diciembre, casi un mes después de apartar de sus cargos a los funcionarios, cerrar la etapa de indagación previa y darle paso a una investigación disciplinaria propiamente en menos de una semana.
Huertas y Mejía podrían ser un peligro para el proceso disciplinario que el Ministerio Público adelanta, de acuerdo con el auto que en noviembre aprobó por unanimidad la Sala Disciplinaria de Instrucción y que en diciembre corroboró la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.
La Sala argumentó que los suspendidos "pueden representar un riesgo concreto para el desarrollo de las actividades investigativas que aquí nos interesan", y que, de seguir en el cargo, posiblemente obstaculizarían "la obtención de pruebas útiles a los fines de esta actuación".
¿Quiénes son los suspendidos Huertas y Mejía?
El organismo dijo que la suspensión "satisface con suficiencia" la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad que la ley exige. Es decir, es apropiada, necesaria y, si no se tomara, podría afectarse "la garantía de una pronta y cumplida justicia".
Huertas fue, presuntamente, un aliado clave para las disidencias de 'Calarcá', que preveían un fracaso en sus diálogos con el Gobierno. Según las pruebas que la Fiscalía custodia hace más de un año, les habría sugerido fundar una agencia fachada de seguridad para movilizar fácilmente armas y tropas.
El presidente Gustavo Petro reintegró al general a la fuerza pública en julio de 2025 para encabezar el Comando de Personal, el área castrense encargada de autorizar los movimientos y los nombramientos de oficiales, como un departamento de talento humano.
Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física, fue designado por el jefe de Estado como representante en la Universidad de Antioquia, mientras aparentemente se convirtió en un hombre poderoso del Gobierno en el diálogo con las disidencias sin estar autorizado para ello.
"Habrían filtrado información clasificada"
Ni Mejía —que sigue en la universidad— ni Huertas estuvieron avalados por la oficina del Comisionado de Paz, que tendrá que informarle puntualmente a la Procuraduría si "han sido designados negociadores o interlocutores con las llamadas disidencias de las Farc".
De acuerdo con Noticias Caracol, que reveló parte del expediente en la Fiscalía, 'Calarcá' y otros cabecillas se referían a Mejía como 'el Chulo' y compartían información constantemente. El director de la DNI, Jorge Lemus, ha afirmado que presume la inocencia del indagado.
"Los servidores públicos habrían filtrado información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra esos grupos en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar", sostuvo la Sala de Instrucción en el auto sobre la suspensión.
El Ministerio Público les reprocha al alto oficial y al licenciado haber mantenido "vínculos indebidos con grupos armados al margen de la ley", a los que les habrían prestado "apoyo para su actuar armado" mientras, al tiempo, les habrían entregado "información relevante sobre actuaciones del Estado y sus fuerzas militares".
Las etapas siguientes contra Huertas y Mejía
La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría revisará fuentes abiertas para conocer los antecedentes de los investigados. La Sala de Instrucción, por su parte, le solicitó a la DNI precisar los requisitos para el cargo de director de Inteligencia, el que ocupaba Wilmar Mejía.
Diego Molano, exministro de Defensa del expresidente Iván Duque, y Daniel Palacios, exministro del Interior de la misma administración y hoy precandidato presidencial, declararán bajo juramento sobre "la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre nexos" del general Juan Huertas con grupos ilegales.
El paso siguiente contra el militar y el exdirectivo será un pliego de cargos, un llamado a juicio. Preliminarmente, la Procuraduría cree que su falta podría calificarse como "gravísima", pues ambos "comprendían el alcance de los hechos". La Fiscalía adelanta una indagación penal, y el Ministerio de Defensa, un proceso interno.
"Sin que se entienda un prejuzgamiento frente a la responsabilidad de los disciplinables, se colige que existen serios elementos de juicio para considerar que podrían utilizar las potestades que sus empleos les conceden para intervenir en el desarrollo de este proceso", remarcó el ente de control.
