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La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y un gobernador regional denunciaron este viernes dos casos de violencia contra jóvenes que ocurrieron recientemente en el país.
Márquez condenó el incidente que se presentó en Cartagena de Indias, el cual calificó como un "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de varios agentes de Policía contra un joven afrodescendiente, quien fue agredido presuntamente frente a su madre.
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El hecho, que fue registrado en un video, ha generado fuertes críticas en redes sociales.
"Condeno el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Policía en Cartagena contra un joven en estado de indefensión", escribió Márquez en su cuenta de X.
La vicepresidenta solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Policía adelantar las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.
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Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias informó que inició una investigación preliminar disciplinaria para aclarar los hechos y explicó que, según el relato de los uniformados, el joven habría intentado agredir a los agentes durante una disputa entre pandillas.
"Así las cosas, se hizo necesario el uso de la fuerza para conjurar la agresión", afirmó el cuerpo policial en un comunicado en el que rechazó "categóricamente cualquier acto de irrespeto a la ciudadanía y al personal uniformado que afecte la convivencia ciudadana".
El segundo incidente ocurrió el jueves en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda (centro-oeste), donde una menor de edad indígena fue azotada por varios hombres en un acto que ha sido calificado por la Gobernación del departamento como un "maltrato injustificado".
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"Estos actos injustificables no se pueden escudar en tradiciones ancestrales", afirmó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, quien agregó que el Gobierno regional ya interpuso una denuncia penal contra los responsables.
"Es inadmisible que bajo el argumento de usos y costumbres se vulneren los derechos fundamentales de niñas y niños", añadió.
Sobre este caso, la Procuraduría General de la Nación explicó en un comunicado que estos "crueles y degradantes casos de maltrato infantil" al parecer involucraron a unas menores de edad de la comunidad Emberá del Resguardo Gitó Dokabú, en el municipio de Pueblo Rico.
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Las menores, agregó la entidad, fueron atadas por unos adultos, quienes les propinaron azotes en unos hechos "de maltrato y violencia" que la Procuraduría calificó como "reprochables y que, sin lugar a dudas, trascienden el enfoque diferencial étnico y las violencias basadas en género, que se deben evitar en cualquier ámbito".
Ambos casos han puesto de nuevo sobre la mesa las tensiones entre costumbres culturales y el respeto a los derechos humanos, así como el uso de la fuerza por parte de las autoridades, especialmente en contextos que involucran a comunidades vulnerables como indígenas y afrocolombianas.
