La Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio de paro armado realizado por el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) entre el 9 y el 30 de diciembre en Caquetá y Putumayo.
La entidad recordó que ningún actor armado está facultado para restringir la movilidad ni las libertades de la población.
Según la institución, estas amenazas vulneran derechos fundamentales, incrementan el temor en las comunidades y constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Ante este escenario, la Defensoría activó sus sistemas de alerta para acompañar a la ciudadanía y monitorear eventuales afectaciones.
La entidad instó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a garantizar el tránsito libre, con especial protección para niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.
“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados; la vida y la dignidad están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, enfatizó.