Fiscalía deberá pedirle perdón a la actriz Carolina Sabino

Esto por anunciar en 2015 una imputación de cargos en su contra por el delito de aborto.
Juana Matilde era la artista del grupo de hermanas. Es la voz de la canción oficial de la novela.
Juana Matilde era la artista del grupo de hermanas. Es la voz de la canción oficial de la novela. Crédito: Instagram @sabinocaro

La Fiscalía General deberá realizar un acto de excusas públicas a la actriz y cantante Carolina Sabino. Esto después de que un juez de Bogotá determinará que el ente investigador había incurrido en un error al anunciar una imputación de cargos en su contra por practicarse una interrupción voluntaria de un embarazo.

El juez civil determinó que el ente investigador vulneró el debido proceso al anunciar, el 11 de septiembre del 2015, en el grupo de WhatsApp de los periodistas que cubrían la fuente que se iba a realizar una respectiva imputación de cargos por el delito de aborto.

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La base del proceso, según indicaba el mensaje, era una interceptación telefónica que se le había hecho a la también actriz Lina Luna, hermana de Carolina, en medio de la investigación por el escándalo del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila y las interceptaciones a las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana (Cuba) entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En la charla, Carolina Sabino le dice a Lina, quien para ese entonces era la esposa del ‘hacker’, que se había practicado un aborto. Con esa información, el ente investigador presidido por Eduardo Montealegre Lynett, abrió un expediente aparte que terminó con el anuncio de imputación de cargos.

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Tras un debate público y la solicitud de varios organismos, entre ellos la Procuraduría General, para revisar la citación a imputación de cargos, la Fiscalía General decidió archivar el caso y suspender la diligencia judicial. Sin embrago, la actriz consideró que su buen nombre, honra e intimidad habían sido afectados por lo que decidió tomar las acciones pertinentes.

En el debate jurídico, el juez que estudió el caso determinó que en efecto la Fiscalía General “originó” la información que fue publicada por muchos medios de comunicación no solo de Colombia sino de varios países del mundo.

El anuncio de imputación de cargos, en su conclusión, fue desmesurada y afectó los derechos de la cantante y actriz colombiana. “El aparato judicial incurre en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosamente injuridicas y abiertamente ilegales y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales”, precisa uno de los apartes del fallo revelado por la Agencia de Periodismo Investigativo (API).

Igualmente, se consideró que se desconoció por completo varios fallos de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto y la publicación de información en temas tan sensibles como este. En el caso de Sabino se indicó que se revelaron varios datos personales que afectaron su intimidad.

Además, se reseñó que la investigación que se estaba adelantando no tenía nada que ver con la cantante y actriz, resaltando que se aprovechó una conversación personal para abrir un expediente judicial sin justificación alguna.

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“al tratarse de una investigación por el delito de aborto, reposaba información sensible perteneciente al núcleo esencial del derecho a la intimidad de la investigada, toda vez que la decisión de una mujer interrumpir voluntariamente su embarazo- en las condiciones de la sentencia C-355 de 2006- pertenece a la esfera íntima o privada”, resalta otro de los apartes del fallo.

El juez le ordenó a la Fiscalía General pagarle a la actriz y a su familia una indemnización por los daños y perjuicios causados. Igualmente, deberá realizar un acto público de desagravio por el anuncio de la información que fue publicada en medios de comunicación.

Para este evento, el ente investigador deberá convocar a los medios de comunicación y a la comunidad en general. El órgano persecutor del delito en Colombia también deberá tomar las acciones pertinentes para capacitar a todos sus funcionarios en temas de derechos sexuales y reproductivos.





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