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El juez Décimo Civil de Cartagena, Ramiro Torres, negó un recurso de reposición instaurado por el abogado de las dos mujeres, a quienes el togado, en agosto pasado, no procedió a unir en matrimonio civil, porque iba en contra de su moral cristiana.
Torres indicó en la respuesta a este recurso que no sería correcto separar su condición como ser humano de su actividad como juez de la República.
El juez explicó que ejerció su derecho a libertad de conciencia y religión, lo que supone la defensa de los derechos fundamentales y por ende su accionar no iría en contra de la Constitución.
Además, el juez aduce que una de las contrayentes del matrimonio, al parecer, no cumplió con todos los requisitos y documentos para llevarse a cabo esta unión.
Así mismo, que la pareja puede solicitar la unión civil ante 16 jueces más que existen en el Distrito o en su defecto ante siete notarios, ya que es un tema de jurisdicción voluntaria.
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Con respecto a esto, Wilson Castañeda, director del colectivo LGTBI Caribe Afirmativo, indicó que sigue siendo claro que el juez está desacatando la sentencia de la Corte Constitucional con respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo y, además, estaría desconociendo las obligaciones que tiene como juez de la República de garantizar los derechos de los ciudadanos.
“Este nuevo pronunciamiento del juez lo que hizo fue ampliar y justificar una decisión que él ampara en argumentos que no son competentes a su función y esperamos que los mecanismos que ya se han generado internamente ante la Judicatura, para investigar esta decisión, puedan determinar si finalmente este serían un ejercicio de prevaricato”, indicó.
Desde Caribe Afirmativo invitaron a esta pareja a dirigirse a una notaria para proceder con el matrimonio civil y en caso de que alguna de ellas no cumpla con los requisitos, debe proceder a surtir el respectivo trámite.
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“El juez está indicando en la documentación de una de las contrayentes inconsistencias y por eso no podían acceder al matrimonio. Si ese fue el caso, lo que se tiene que pedir la autoridad es corregir el requisito que no se cumple, pero en ningún momento negar el derecho al matrimonio igualitario”, concluyó Castañeda.
