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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, rechazó la orden de captura emitida por parte de la justicia de Guatemala en contra suya y del embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez, por el caso de corrupción de de Odebrecht en ese país.
Camargo aseguró que la determinación del Tribunal de Apelación de Guatemala de emitir una orden de captura en su contra, desconoce los parámetros del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.
La funcionaria agregó que esa decisión carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales, para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias.
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Cabe mencionar que a la fiscal Camargo y al exministro Velásquez se les vincula por parte de la justicia de Guatemala, de la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La decisión fue adoptada en este caso por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público y fue dada a conocer por Rafael Curruchiche, jefe de ese organismo.
Iván Velásquez, el exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en el Vaticano y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, hicieron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre 2013 y 2017, que lideró un supuesto caso de corrupción en las aduanas de Guatemala.
De acuerdo con la fiscalía guatemalteca, Velásquez lideró una estructura criminal que habría favorecido a empresarios de la multinacional brasileña Odebrecht, causándole pérdidas a ese Estado por más de 3.000 millones de quetzales.
Para la justicia de Guatemala, supuestamente Iván Velásquez permitió la aprobación de acuerdos por fuera de la ley, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017.
Entre las pruebas que asegura poseer la justicia de Guatemala contra Velásquez, se encuentra un correo electrónico que fue enviado por Luz Adriana Camargo en el que supuestamente intervenía para hacer una solicitud de que fueran cambiados algunos aspectos de las colaboraciones éticas en 2017.
Tiempo después habría sido enviado otro correo en el que se registraba la participación tanto de la exfiscal Thelma Aldana, como del exministro Velásquez, en una reunión en la que se aprobó la firma de acuerdos de colaboración con Odebrecht.
Dentro de este proceso también fueron vinculados por la justicia de Guatemala Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta de la misma Fiscalía.
Así mismo, aparecen implicados Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la Cicig, y los exfiscales de la Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
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Cabe recordar que el año pasado, la Organización de Naciones Unidas recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sí continúan gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.
