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Por medio de una carta, Olmedo López,exdirector de Gestión del Riesgo y principal testigo del entramado de corrupción en esa entidad, lanzó duros cuestionamientos a la Fiscalía y aseguró que están recibiendo más beneficios otros de los implicados que no han aportado nada al caso.
“Mi conciencia está en paz porque he cumplido con mi deber. Hace más de un año entregué la verdad, aporté pruebas, señalé a quienes ocupan las más altas esferas del poder político y administrativo. Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en un estado de indefensión jurídica, personal y familiar”, aseguró.
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Además, cuestionó que otros implicados en el proceso tengan mejores beneficios y él, considerado el principal testigo tenga que “caminar bajo amenaza constante”.
“Gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías. Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones. No solo fueron receptores de la verdad, sino actores interesados en su eliminación”, cita la carta.
"El que primero habló, hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios", agrega.
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Igualmente Olmedo López sostuvo que la improbación del preacuerdo, “erosiona gravemente los fundamentos de la justicia premial, que no es un capricho procesal, sino un pilar del modelo acusatorio, pensado precisamente para desmantelar redes criminales estructurales”.
“La señal enviada es devastadora: que quien entrega información esencial para la investigación de máximos responsables, puede ser desolado, desprotegido, e incluso castigado con mayor rigor que quienes actuaron desde el poder o desde las sombras”, reseña otro aparte del documento.
Allí también resalta que las consecuencias estructurales de esta decisión son una advertencia para futuros colaboradores y representa, “una puerta abierta a la impunidad de quienes orquestaron la corrupción desde los más altos cargos”.
“¿Qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades, y contratistas de élite, si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó? ¿Qué mensaje se transmite al país si quien se atrevió a hablar, es silenciado en el proceso, mientras los grandes responsables avanzan hacia acuerdos más beneficiosos?”, cuestionó López.
Finalmente, aseguró que: “Silenciar al testigo clave, mediante la improbación de su preacuerdo, es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”.
