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A menos de dos meses de que las entidades territoriales deban asumir de forma definitiva la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) en centros de detención transitoria, los alcaldes del país han encendido las alarmas ante lo que podría convertirse en una crisis humanitaria.
Así lo advirtió Gilberto Toro, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, al calificar como “una bomba de explosión social incalculable” la falta de recursos para cumplir con esta obligación.
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La preocupación surge tras la aprobación de la Ley 2346 de 2024, que establece un régimen transitorio en el que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) seguirá prestando el servicio de alimentación hasta el 30 de junio de 2025. A partir del 1 de julio, esta responsabilidad recaerá sobre municipios y departamentos.
“Los municipios no tienen los recursos. Algunos tendrían que destinar sumas muy importantes, y simplemente no las tienen. Estamos hablando de la comida, que es un derecho humano fundamental. No se puede postergar como si fuera la construcción de una obra”, expresó Toro.
El dirigente gremial señaló que ya se solicitó al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia que permita prorrogar el apoyo de la Nación más allá del 1 de julio. “Si el proyecto se radica esta semana o la próxima, podría aprobarse antes del 1 de julio y resolver la situación, manteniendo al Ministerio de Justicia como responsable del traslado de los recursos mientras se halla una solución definitiva”, añadió.
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La Corte Constitucional también ha intervenido en este debate. Según Toro, recientemente ese alto tribunal habría emitido un auto que ordena al Ministerio de Justicia coordinar con las entidades territoriales para resolver la situación. “Eso alivia un poco, pero no puede pensarse que sean sólo los municipios, sacrificando recursos para salud, educación, infancia y seguridad, quienes respondan por la alimentación de los reclusos”, puntualizó.
Los municipios debían presentar antes del 31 de diciembre de 2024 un plan de implementación de este servicio, como lo dispone la Ley 2346 sin embargo, no lo hicieron.
Además, Toro advierte que muchos, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, no tienen capacidad financiera ni técnica para asumir dicha responsabilidad.
“El riesgo es claro: si no hay comida para los detenidos, sobre todo para aquellos que no han sido condenados y están en URI, inspecciones o estaciones de policía, se puede generar una situación de alteración del orden público y una violación flagrante a los derechos humanos”, advirtió el presidente de Fedemunicipios.
Aunque reconoce que algunas ciudades o departamentos podrían aportar parcialmente, Toro insiste en que debe mantenerse el apoyo del Gobierno Nacional para evitar una crisis carcelaria que, de no ser atendida, podría escalar en dimensiones difíciles de contener.
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El gobernador de Bolívar Yamil Arana, también se pronunció al respecto indicando que no pueden quedar en el dilema de darle comida a los niños y a las personas privadas de la libertad.
“Es algo que nos genera preocupación. Nos va tocar escoger si le damos comida a los niños o a los privados de la libertad, a los presos, nos toca escoger hoy si le damos comida a los niños de los colegios a a los presos, yo creo que eso es un tema humanitario también, pero no puede ser competencia de las entidades regionales, y no puede seguir la Corte Constitucional, a la cual respeto y admiro profundamente también, seguir legislando, para eso está el Congreso de la República”, señaló.
Y agregó, “nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente, los recursos de los departamentos tienden a ser regresivos, entonces no es justo que sigan poniendo competencias que no nos corresponde”.
Finalmente, tanto el gobernador Arana como el presidente ejecutivo de Fedemunicipios, coinciden en que debe haber una concertación con el Gobierno Nacional para evitar el impacto en los territorios.
