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El presidente Iván Duque señaló que el juez del Tribunal Superior de Ibagué, que le ordenó prisión domiciliar y una multa de 15 salarios mínimos mensuales vigentes, debe ser investigado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Para el mandatario, el fallo no sólo es absurdo, sino que pasa por encima de la Constitución. "Es absurdo es que se esté pasando por encima del fuero Constitucional, por eso esto es ilegal, es abiertamente ilegal, pero aparte de eso es un prevaricato ostensible y por eso esperamos también que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronuncie al respecto y esperamos también que Ministerio Público haga lo propio", expresó el mandatario.
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En ese sentido, explicó que la decisión del Tribunal es ilegal, por lo que la conducta del juez tiene que ser investigada. "No solamente se está pasando por encima del fuero Constitucional, sino también se está pasando por encima de sentencias de la Corte Constitucional que hablan de que el fuero del Presidente de la República, es un fuero absoluto", sostuvo.
¿Podría el presidente Duque pagar prisión domiciliaria?
El fallo en el que el tribunal declaró en desacato al mandatario y le ordena una medida de arresto domiciliario por cinco días y una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ha generado controversias por considerarse que no tiene en cuenta el fuero Constitucional.
A la luz de la norma, se advierte que el fuero del Presidente de la República es absoluto, y "cualquier acción en su contra debería ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes", por lo que un tribunal superior o administrativo, no tiene injerencia.
La Sentencia C-222/96, de la Corte Constitucional, también señala que una orden sobre un jefe de Estado "solo podría tener discusión en una alta corte y no en un tribunal superior".
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Y explica que esto lo que busca es evitar que "mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación".
Por ahora, el Tribunal Superior de Ibagué remitió su decisión a la Sala Laboral de la Corte Suprema para su revisión, donde podría ser rechazada la tutela. No obstante, será la Corte Constitucional la que dé la última palabra.
En ese sentido, es poco probable que el mandatario tenga que cumplir la orden de arresto.
