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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Andrés Ernesto Díaz Hernández, quien se desempeñó como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por la presunta entrega irregular de la alimentación a la población privada de la libertad.
Además, fueron vinculados al proceso Jairo Humberto Becerra Rojas, representante legal de la Unión Temporal Nutriuspec 2022 y Marlon Giovany Gómez Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, quien fungió como interventor del contrato cuestionado.
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De acuerdo con las denuncias, la firma contratista habría incumplido con el suministro alimenticio en el centro penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad para mujeres de Bogotá.
También se investigan posibles deficiencias en el servicio de alimentación en varias estaciones de Policía de Bogotá, incluyendo la de Terminal, Chapinero, Fontibón, Usaquén, Engativá, Aeropuerto, Barrios Unidos y Teusaquillo.
El organismo busca determinar las responsabilidades de Díaz Hernández en cuanto al seguimiento, vigilancia y control del contrato, pues se investiga si el representante legal de la Unión Temporal Nutriuspec 2022 puso en riesgo la integridad de los reclusos, debido a la ineficiente alimentación suministrada.
La Procuraduría también examina la responsabilidad de Gómez Jaramillo, quien actuó como interventor del contrato de alimentación, pues al parecer hubo negligencia en la supervisión del cumplimiento del contrato.
La delegada enfatizó la necesidad de garantizar que los contratos de servicios esenciales, como la alimentación en centros penitenciarios, se cumplan de manera eficiente y transparente.
La investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes para sancionar a los responsables en caso de confirmarse las irregularidades.
La Procuraduría reafirmó su compromiso con la transparencia y la justicia en la administración pública, subrayando que cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas privadas de la libertad será investigado y sancionado conforme a la ley.
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Este proceso se suma a otros esfuerzos del organismo por mejorar la supervisión y control de los contratos estatales, especialmente aquellos que afectan directamente a la población vulnerable, como las personas privadas de la libertad.
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