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Leonardo Pinilla Gómez, abogado deportado por Estados Unidos este lunes, deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la exigencia de 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus para, supuestamente, interferir en los procesos penales que se seguían en su contra en el ente acusador.
El abogado fue capturado a su llegada a Bogotá luego de cumplir la condena de dos años de prisión que le impuso la justicia de Estados Unidos por el delito de lavado de activos. Pinilla Gómez será presentado por la Fiscalía ante un juez de control de garantías en Bogotá para las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, en el entendido de que, por estos hechos, el abogado ya había sido imputado por el delito de concusión y, en su momento, no aceptó los cargos.
Por el caso de corrupción relacionado en esta orden de captura ya fue condenado el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera a 4 años y 10 meses de prisión por concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, cargos que aceptó libre y espontáneamente. Leonardo Pinilla fue capturado el 23 de junio de 2017, permaneció recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. En enero de 2018 se anunció un principio de oportunidad con el ente acusador.
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La colaboración de Pinilla contempla el aporte de elementos probatorios sobre casos específicos:
Según el abogado Pinilla, el fiscal Daniel Fernando Díaz se habría comprometido a no judicializar a diferentes personas por el denominado ‘Cartel de la hemofilia’ en Córdoba. Por esta acción habría recibido dinero y dádivas. Entre los beneficiarios de este pacto estarían José Jaime Pareja Alemán, secretario de salud de Córdoba, y Roberto Tirado, secretario de la Gobernación de Córdoba.
El abogado asegura que el fiscal anticorrupción Daniel Fernando Díaz habría recibido dinero para no procesar a la representante legal de una Institución Prestadora de Salud -IPS- investigada por presuntos pagos irregulares en programas de atención a pacientes con síndrome de down. Por estos hechos, Pinilla vincularía a Yolima Rangel, representante legal de la IPS.
Pinilla también se comprometió a hablar sobre los pagos de recursos de salud y el compromiso que habría adquirido el fiscal Daniel Díaz de no compulsar copias por estos hechos en relación con el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, quien está pendiente de imputación por parte de la Fiscalía.
En el principio de oportunidad está contemplado que el abogado suministre información sobre otras personas, entre ellas dos parlamentarios. A través del principio de oportunidad, Leonardo Pinilla explicará cómo ofreció dinero y otras dádivas al fiscal Daniel Díaz para que ejerciera comportamientos contrarios a sus funciones. La declaración del abogado ayudaría a corroborar las actividades irregulares en las que habría incurrido el funcionario para que varias personas no fueran vinculadas a los procesos por el ‘Cartel de la Hemofilia’ en Córdoba, en el que muchas personas recibieron dinero sin padecer la enfermedad.
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