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El Ministerio de Salud recusó a la Procuradora General, Margarita Cabello, y a la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda. Esta decisión surge tras la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que requirió información y datos sobre el cálculo de la Unidad de pago por capitación, UPC, para el año 2025.
En este sentido, la entidad indicó que ambas funcionarias deben “abstenerse de participar, en cualquier calidad, en todo tipo de actuación judicial, administrativa o de cualquier otra índole, que pueda afectar la imparcialidad que debe regir en las actuaciones administrativas en las que participe el Ministerio de Salud y Protección Social”.
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Asimismo, el Ministerio solicitó la designación de un Viceprocurador General de la República y de un Procurador(a) Delegado(a) para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ad hoc, quienes tendrán la responsabilidad de intervenir en las actuaciones administrativas donde exista riesgo de afectación a la imparcialidad. Según el comunicado, el objetivo de esta medida es garantizar que las decisiones y actuaciones del Ministerio se ajusten al marco legal y administrativo correspondiente.
La entidad reiteró su compromiso con el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, asegurando que todas las actuaciones se desarrollen bajo los criterios de transparencia, objetividad e imparcialidad.
Esta reacción surge luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara al Ministerio de Salud información detallada sobre la metodología, los análisis y las reuniones realizadas para determinar el incremento de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para el año 2025.
En una carta dirigida al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo el pasado 18 de diciembre, la Procuradora Delegada para Asuntos de Salud solicitó bases de datos, actas de reuniones y otros documentos que respalden el proceso.
La UPC define los recursos que el Estado transfiere a las EPS para la atención de los usuarios en los regímenes contributivo y subsidiado. El Ministerio tiene como plazo máximo el 31 de diciembre para definir este ajuste; de no hacerlo, el incremento se regirá por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), proyectado en un 5,1 % para el cierre de 2024.
El ente de control advirtió que el cumplimiento de las normas contribuiría a mitigar las afectaciones que enfrenta el sistema de salud y señaló que las decisiones adoptadas por el Ministerio han generado una crisis con impacto financiero y operativo en el sector. En su comunicación, la Procuraduría destacó la necesidad de un cálculo adecuado de la UPC, basado en estudios técnicos.
El requerimiento incluye la solicitud de documentos que contengan los análisis y recomendaciones del grupo técnico responsable, así como los nombres de los funcionarios que integran la comisión asesora encargada de definir el ajuste. También se pidieron las actas de las reuniones en las que se ha discutido el tema.
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Además, la Procuraduría solicitó conocer los análisis realizados a partir de la información suministrada por las EPS, las reuniones sostenidas con estas entidades y los posibles ajustes metodológicos derivados del estado actual del sistema de salud.
El plazo otorgado al Ministerio de Salud para responder esta solicitud venció el 24 de diciembre.
