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El decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, Hernán Gonzalo Jiménez, criticó la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien ordenó prisión domiciliaria inmediata contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser condenado en primera instancia por el delito de soborno a testigos. Las declaraciones de Jiménez fueron emitidas este jueves en entrevista con La FM.
En su intervención, el académico calificó la decisión como “contraria a derecho” y denunció supuestas violaciones a principios constitucionales. A juicio de Jiménez, el razonamiento expuesto por la jueza para justificar la medida de aseguramiento carece de sustento jurídico: “No nos queda hoy ya la menor duda de que este es una decisión totalmente contraria a derecho, que es una decisión que tiene visos más de carácter político que jurídico”, afirmó.
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La jueza Sandra Heredia argumentó que, a pesar de que Uribe ha comparecido de manera continua durante el proceso y ha mostrado un comportamiento respetuoso, existen elementos que justifican la privación inmediata de su libertad. Entre ellos, destacó que la medida “resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, y que permitir su libertad podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad sobre la igualdad ante la ley.
Asimismo, sostuvo que “la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia” y que, por tratarse de una figura pública con reconocimiento internacional, existe un riesgo de fuga. La jueza también alegó que se desplegaron “estrategias dilatorias sistemáticas” en etapas iniciales del proceso.
Frente a estos argumentos, Jiménez expresó su preocupación por lo que considera un uso indebido de conceptos jurídicos: “Ya no me queda la menor duda de que es una decisión que violó todos los principios constitucionales. Súmele a esto que la señora juez ha dicho que el secreto profesional se puede superar y que se pueden utilizar las conversaciones del abogado con su cliente sin ningún inconveniente”.
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Para el jurista, no se cumple con el estándar de necesidad exigido por la jurisprudencia para imponer medidas privativas de la libertad antes de que la sentencia esté en firme: “La necesidad de una medida de aseguramiento no se sustenta por afirmar que se puede ir del país, sino por demostrarlo. Y aquí no hay ninguna prueba de que eso esté ocurriendo”.
Finalmente, Jiménez hizo un llamado a la segunda instancia para revisar la decisión con rigurosidad: “Ojalá que un juez de segunda instancia pueda corregir semejantes abruptos jurídicos que se han presentado. Esto no lo haría ni siquiera un estudiante de primer semestre de derecho”, concluyó.
