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Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía Seccional Cali judicializó al alcalde de Candelaria, en el Valle del Cauca, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, y al contratista Alexander Chacón, por incurrir presuntamente en actos de corrupción durante el año 2020.
La investigación que adelantaron se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en la celebración de dos millonarios contratos, entre la Alcaldía de este municipio y el representante legal de una empresa de químicos, al cual se le adquirió insumos de asepsia para el personal de la administración municipal con ocasión de la emergencia sanitaria de la covid-19.
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“Se evidenció posibles inconsistencias en los contratos No. 203-13-11-002 del 27 de marzo de 2020, por $88.847.732 millones; y el No. 203-13-11-003 del 14 de mayo de 2020, por $74.723.289 millones; celebrados entre la alcaldía de Candelaria y Alexander Chacón, como representante legal de la firma C.A.C. Químicos, cuyo objeto era el suministro de insumos de asepsia", Indicó John Freddy Encinales, director seccional de Fiscalías Cali.
Agregó que se determinó que para el momento de la suscripción del primer contrato, las actividades registradas en Cámara de Comercio por parte de C.A.C. Químicos no guardaban ninguna relación con el objeto contractual, y la firma no era idónea para ejecutarlo.
De acuerdo al funcionario, con relación al segundo contrato, entre las actividades a desarrollar estaba el suministro de los insumos como alcohol; sin embargo, señalaron que a “la Alcaldía de Candelaria le hicieron una donación de alcohol que se encontraba en un 70% de concentración, lo que significa que este no requería del ítem de transformación; este servicio hubiera sido necesario, si el alcohol lo hubieran donado a una concentración de 99.6% o más”.
El ente acusador les imputó cargos, tanto al funcionario como al particular, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación, en calidad de coautores, debido a que celebraron estos dos contratos violado el principio de selección objetiva por falta de idoneidad.
A raíz de las inconsistencias presentadas, se habría generado un detrimento de 23 millones de pesos al municipio. Aunque la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad para el alcalde, el juez del caso no aceptó, por lo que fue dejado en libertad pero vinculado al proceso.
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Se conoció también que la Fiscalía le solicitó varias medidas cautelares, como la prohibición para salir del país, que se presente cada determinado tiempo ante las autoridades, entre otras.
