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La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc, como responsables de crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
“La JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP son máximos responsables por estos graves crímenes”, afirmó Lily Rueda, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
El tribunal destacó que entre los años 1971 y 2016, las extintas Farc-EP reclutaron a 18.677 niños y niñas, al tiempo que agregó que esos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, periodo en el que la Sala concentró su investigación.
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Entre los imputados están Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo.
El tribunal consideró que los seis exintegrantes del secretariado son los responsables de las conductas de macro criminalidad, ya que participaron en los espacios en los que la guerrilla tomaba decisiones sobre las políticas del grupo armado.
“La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc-EP y participaron en las conferencias nacionales guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla”, añadió la funcionaria.
El tribunal indicó que como integrantes de ese secretariado, los seis imputados tuvieron la tarea de guiar la manera como los frentes y bloques implementaban estas políticas estratégicas, por lo que los magistrados afirmaron que los excabecillas de las Farc conocieron los hechos y no tomaron medidas para prevenir instrumentalización de menores de edad.
“Como integrantes del último secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir”, afirmó la magistrada.
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Uno de los integrantes del último secretariado que no está en esta imputación es Rodrigo Granda, pues la Sala afirmó que el excombatiente no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal, “ni en la regulación de la vida intrafilas, el compareciente fue suplente del Secretariado, no miembro permanente”.
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