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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha consolidado como una guerrilla binacional. Al menos desde 2022, el grupo aprovechó la frontera y la protección del régimen chavista para hacerse con el control de los pasos ilegales e intimidar a la comunidad.
Unos 1.300 miembros del grupo armado estarían en Venezuela, incluyendo a Eliécer Chamorro, alias 'Antonio García', su comandante. Su presencia en los límites facilita incursiones como la de enero de 2025 en el Catatumbo, que a lo largo del año dejó más de 78.000 desplazamientos forzados.
Iniciando el 2026, el ELN secuestró a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz. La guerrilla los interceptó en un retén ilegal en Tibú, Norte de Santander.
En octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo emitió su Alerta Temprana 17, ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos en el municipio fronterizo. El peligro se concentra en sus zonas rurales y en los corredores que los comunican con el casco urbano.
"Los repertorios de violencia desplegados por los actores armados se han dirigido contra campesinos y campesinas obligados a abandonar sus fincas bajo señalamiento de presunta afinidad o parentesco con alguno de los grupos en confrontación", relata la alerta.
El ELN como actor binacional y la frontera como retaguardia
De acuerdo con el Ministerio Público, el riesgo se enmarca en dos escenarios principales: la "intensificación" de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc Frente 33 y Bloque Magdalena Medio, y "la consolidación del control territorial" del ELN.
Tibú es un territorio clave. Limita al norte y al oriente con Venezuela sin un paso formal habilitado, con caminos informales o trochas que facilitan el tránsito irregular de personas, mercancías y actores armados. La Defensoría lo califica como un corredor "de economías ilícitas de alto valor".
El área rural de Tibú es parte de una de las de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno nacional autorizó, aunque sin protocolos, para la concentración de integrantes del Frente 33, una de las disidencias con las que continúa una mesa de diálogos.
Al mismo tiempo, Tibú es el municipio catatumbense con más población migrante venezolana, distribuida principalmente en la ruralidad. La comunidad enfrenta "altos niveles de vulnerabilidad" ante la explotación laboral, la trata de personas, la violencia sexual y el reclutamiento forzado.
"La falta de mecanismos binacionales de protección y el control que ejercen los grupos armados sobre los pasos informales en la frontera han derivado en prácticas sistemáticas de extorsión, cobro de peajes y persecución contra población en movilidad, narra la alerta temprana.
Trochas, economías ilícitas y control armado del territorio
El conflicto entre el ELN y las disidencias tiende a expandirse, principalmente a El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama y Convención, municipios con "condiciones estructurales similares" a Tibú, como disputas por el narcotráfico, corredores hacia Venezuela y presión sobre comunidades rurales.
Casi un año atrás, en diciembre de 2024, la Defensoría emitió su Alerta Temprana 27, enfocada en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del rosario y Los Patios, áreas que limitan con Venezuela. El ELN se consolidaba ya como "el grupo armado con mayor preponderancia" y con "presencia hegemónica".
Las bandas transnacionales en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, como los AK-47, el Tren de Aragua, La Línea y las Autodefensas Colombo Venezolanas, "utilizan los pasos irregulares activos con la República de Venezuela" para vender o cambiar armas de fuego.
En la región existen redes dedicadas al tráfico de migrantes tanto por pasos regulares como por los irregulares, "con el objetivo de lucrarse y sacar beneficio de cada situación particular y vulnerabilidad de la población". Sin contar las intimidaciones que provocan desplazamientos forzados.
"Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha conocido casos registrado en el año 2024 de personas de Puerto Santander que son citadas a Boca de Grita (Venezuela) por parte del ELN y desde allí son obligadas a dar explicaciones de diversos hechos", amenazadas o extorsionadas.
El posible éxodo que le espera a la frontera
La Alerta Temprana 17 de 2025 era de inminencia, es decir, se refería a un riesgo a punto de estallar, que en ese caso eran las confrontaciones entre grupos ilegales. La 27 de 2024 era estructural, o sea, se basaba en problemas sustanciales que mantenían en trance a la población.
En octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo lanzó otra alerta estructural, la 14, centrada en Arauca, otro departamento fronterizo con Venezuela. "Se advierte un riesgo de nivel extremo, lo que requiere acciones urgentes", subraya el documento en su tercera página entre las 93 totales.
La alerta indica fracturas internas en las estructuras armadas en el territorio, principalmente en el ELN y las disidencias, así como "el posible accionar intermitente de otras estructuras armadas", como la Segunda Marquetalia, que comanda el longevo subversivo Luciano Marín, alias 'Iván Márquez'.
Márquez sería uno de los jefes criminales que, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por parte de Estados Unidos, estaría evaluando rutas, condiciones y posibilidades para regresar a Colombia luego de permanecer refugiado y protegido en Venezuela.
"No se puede descartar la presencia de estructuras transnacional de origen o con conexiones en territorio venezolano", apunta la alerta araucana refiriéndose al Tren de Aragua y el Tren del Llano, que "aprovechando la porosidad de la frontera, buscan expandir sus redes".
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