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El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, no aceptó los cargos imputados, por parte de la Fiscalía General, al insistir que siempre actuó acorde a la ley durante la contratación del proyecto de Hidroituango y sus funciones como mandatario departamental siempre fueron en procura de servir a los ciudadanos.
“Señor magistrado manifiesto que no aceptó la imputación que se me hace en la fecha por la Fiscalía y dejó claro que mis actuaciones como gobernador estuvieron precedidas del ánimo de servir a Antioquia y al país”, dijo Ramos Botero, al ser interrogado por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
Así mismo, sostuvo que, “desde mi función de gobernador jamás vi asomo de ilegalidad con respecto al proyecto Hidroituango”.
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Por su parte, la Fiscalía aseguró que hay suficientes elementos de prueba contra el exgobernador que sustentan la imputación en su contra como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según los investigadores el 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP celebraron un contrato denominado BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer).
El objetivo de dicho contrato fue la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica Pescadero - Ituango.
El fiscal delegado para este caso detectó que para la época de los hechos la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM ESP).
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Sin embargo, en desarrollo de las investigaciones se estableció que esta actuación presuntamente vulneró los principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y las diferentes normas.
“El imputado de manera consciente y voluntaria y se interesó de manera indebida en la celebración del contrato BOOMT en favor de EPM ESP violó los principios de planeación, transparencia, economía, buena fe, responsabilidad y el deber de selección objetiva que garantizan el cumplimiento de los fines propios del Estado”, indicó la fiscal delegada en la audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Según la fiscal delegada, en este caso el entonces gobernador de Antioquia llevó a cabo un proceso de negociación paralela para favorecer EPM ESP: “El interés general que persigue la contratación, en especial aquella destinada a satisfacerla demanda de la energía eléctrica de la Nación, por ende, se afectó el bien jurídico de la administración pública”, se indicó.
En atención a los elementos de prueba recolectados la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exgobernador de Antioquia por la supuesta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
“Ninguna razón justifica la conducta del gobernador Ramos Botero si bien se trata de un régimen excepcional de contratación, el respeto por los principios propios de la contratación pública es de obligatorio cumplimiento y su inobservancia en este caso tipifica la conducta de interés indebido en la celebración de contratos”, afirmó la fiscal delegada.
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Por estos mismos hechos aparecen investigados el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y el ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada.
El proceso contra Ramos se suma a otras líneas de investigación que se siguen en relación con graves inconsistencias detectadas con la megaobra de Hidroituango, por el que aparecen implicadas otras cuatro personas.
