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El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar una millonaria indemnización a la familia de un campesino que fue procesado por supuestamente entregar cocaína a los paramilitares en el departamento del Caquetá.
Después de una batalla judicial, el campesino demostró su inocencia. Sus líos con la justicia iniciaron por investigaciones erróneas realizadas por la Sijín de la Policía que tuvieron en cuentas unos testimonios falsos de pobladores de la región quienes lo señalaron de pertenecer a una red de narcotráfico.
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Esa red ilegal operaba en los municipios de Albania, San José del Fragua y Belén de los Andaquíes, y estaba dedicada a la compra de base de coca a los campesinos de la región con destino a las autodefensas que delinquían en esa zona del departamento del Caquetá.
La Fiscalía lo señaló de ser supuestamente responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El labriego estuvo preso, por el termino de 10 meses, entre el 5 de abril de 2004 y el 21 de febrero de 2005, fecha en la cual la Fiscalía precluyó la investigación a su favor por falta de pruebas.
Tras recuperar su libertad, inició las demandas en busca de reparación económica por el tiempo en que estuvo preso.
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El Ministerio de Defensa dijo que la orden de captura en su contra estuvo cobijadas bajo las normales legales, mientras que la Fiscalía no contestó la demanda en el tiempo que exige la ley.
El caso llegó al Consejo de Estado que determinó que la medida de aseguramiento se dio con “fundamento en meras sospechas y suposiciones sin fundamento, debido a que a los testigos no les constaba la información que estaban dando”.
Por lo cual, advirtió que el campesino “no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal”.
Finalmente, condenó a la Fiscalía a pagarle más de 743 millones de pesos a su familia por los daños y perjuicios.
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