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El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que el aparato judicial no estaba funcionando por la corrupción que desde hace año se habría creado al interior del sistema.
Nestor Humberto Martínez dio a conocer que dentro del sistema aleatorio de reparto identificaron que estaba amañado para asignar algunos procesos y otorgarlos a dedo a los jueces y fiscales.
De acuerdo al fiscal, este cartel de corrupción operaba desde la programación misma de los procesos y permitía que de manera irregular se trataran algunos procesos. “Lo que ha pasado en la justicia es mucho más grave y tiene que llegar mucho más lejos. En las oficinas judiciales se mueven los repartos, se amañan los repartos, eso todo lo sabemos desde hace años. ¿Qué ha pasado? Nada. Ahí van a ver las conclusiones de las investigaciones que ya tenemos en la Fiscalía”, manifestó.
Y agregó que “ya identificamos por ejemplo que el sistema aleatorio de reparto de la oficina judicial, desde cuando se hizo la programación, se hizo con un modelo que permitía intervenir el reparto para que se pudiera montar una práctica de corrupción para asignar a dedo ciertos procesos. Desde la programación misma los tenemos notificados”.
Esta presunta red, según el fiscal, impedía que la justicia funcionara de manera efectiva y fallara con justicia en procesos trascendentales. Dijo, además, que “con cierto cínico dicen: 'Ah, eso de las cortes se sabía' ¡Qué cinismo!' Eso que pasa de las coimas de las multinacionales eso también se sabía. Lo que pasa con el Plan de Alimentación Escolar...ahora todo se sabía. Si se sabía, ¿qué estábamos haciendo?”
El fiscal reiteró que hay que aplicar el derecho penal sin favoritismo y dijo que no es cómplice de nadie. Retomó a Cartagena para ejemplificar la reacción de la sociedad civil ante dar a conocer los actos de la supuesta red de tráfico de influencia que compromete al alcalde Manuel Duque, su hermano José Julián Vázquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche.
En su intervención, el fiscal general de la Nación añadió que la corrupción, ahora que está en la agenda nacional, debe ser una preocupación que comprometa no solo a los organismos de control sino a todos los colombianos, para que también recupere la confianza en la institucionalidad.
Más allá de las estadísticas que podrían incentivar el pesimismo, Martínez Neira añadió que hay motivos “para tener confianza porque está actuando la institucionalidad democrática, las instituciones de la Constitución política”. Mencionó que en lo que va del año, la Fiscalía ha logrado la judicialización de 998 servidores públicos y privados que comprometen recursos por 1.9 billones de pesos.
