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La Procuraduría decidió abrir una investigación y suspender por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por supuesta participación en política en favor de candidatos al Congreso, entre ellos su esposa, Laura Cristina Ahumada, que pertenece al Pacto Histórico.
Esta determinación volvió a abrir el debate sobre si el Ministerio Público, por tratarse de un organismo administrativo, puede o no tomar este tipo de decisiones en contra de un funcionario elegido por voto popular.
En contexto: Suspenden por tres meses al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en política
En primer término, el alcalde respondió diciendo que no es cierto que haya participado en política. “Ante los ojos de Dios de todos los barranqueños y de todas las personas que siguen mis redes sociales, saben que esto que está diciendo la Procuraduría es completamente falso”, indicó.
A su vez, Vásquez anunció que interpondrá recurso de apelación ante la propia Procuraduría. “Una vez seamos notificados, interpondremos el recurso de reposición que nos da la ley para que la Procuraduría reconsidere esta decisión. Si la Procuraduría no reconsidera su decisión, tendremos que acudir ante un juez de la República para que por medio de una tutela se hagan valer nuestros derechos”, manifestó.
De igual forma, anunció que acudirá a los jueces para presentar una denuncia disciplinaria y penal en contra de las personas que están detrás de esta decisión en su contra, la cual considera como una persecución política.
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“Lo que estamos viendo acá es un acto más de una vil persecución política que hemos tenido que enfrentar desde el primer día de nuestro gobierno”, sostuvo.
El mandatario considera que es el presidente de la República el que debe determinar si se deben o no aplicar este tipo de sanciones en contra de los alcaldes elegidos popularmente. No obstante, en este debate otros también señalan que es el Consejo de Estado el que debe tener la última palabra sobre este tipo de decisiones.
