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La defensa de Daneidy Barrera Rojas, la influenciadora conocida como Epa Colombia, solicitó ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que se le conceda prisión domiciliaria a la influencer.
Francisco Bernate, abogado defensor de Barrera, pidió la aplicación de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública para que, con base en las disposiciones establecidas por dicha ley, Epa Colombia pueda ser cobijada con la casa por cárcel.
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Bernate argumentó que su clienta cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre los cuales se encuentran ser madre cabeza de familia y haber sido condenada a una pena inferior a ocho años de prisión.
En consecuencia, la solicitud principal fue que se le permitiera cumplir su condena en su residencia, ubicada en Bogotá.
Además, la defensa presentó como parte de su solicitud un proyecto titulado “Aprende y Emprende con Epa Colombia”, cuyo objetivo es capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad en técnicas de belleza capilar.
Petro y Minjusticia, sobre el tema
Sobre el tema, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, había señalado que, cuando una condena no incluye sustitutivos, es el juez quien determina el lugar de reclusión de la persona. En este contexto, el juez tiene la facultad de decidir la ubicación de la prisión de la condenada.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se expresó de acuerdo con que se le conceda el beneficio judicial a 'Epa Colombia', señalando que la ley 2292 del 2023 "de iniciativa de mi gobierno" permite que, con trabajo sustitutivo de la pena, las madres cabeza de familia no estén detenidas en centro carcelario.
"No se por qué 'EPA' está presa, pero son los jueces los que deciden. La ley que presenté, y que reglamenté, busca antes que nada proteger la niñez en el país. No es el castigo, es la rehabilitación lo que importa y más cuando hay niños de por medio", señaló el mandatario.
La Ley de Utilidad Pública contempla medidas sustitutivas de la prisión, que permiten cumplir la condena en libertad, siempre que se presten servicios en el municipio de residencia de la persona o de su núcleo familiar.
El tiempo mínimo para cumplir con esta ley es de cinco horas semanales, mientras que el máximo es de veinte horas.
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En caso de que se registre un incumplimiento injustificado de estas condiciones, el juez podrá revocar la medida sustitutiva y la mujer será privada nuevamente de su libertad.
Daneidy Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras haber protagonizado actos vandálicos en la estación Molinos de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.
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