Demanda contra decreto que prohibió exportación de carbón a Israel

El Consejo de Estado recibió una demanda que pretende anular el decreto emitido por el Gobierno Nacional, con el cuál se prohibió la exportación de carbón a Israel, producto del conflicto entre ese país y Palestina.

El accionante engloba sus argumentos en los acuerdos internacionales que fueron adquiridos entre Colombia e Israel, pues al existir un Tratado de Libre Comercio (TLC) y haberse tomado una decisión de manera unilateral, se expone a la Nación a someterse a un proceso arbitral.

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"No existe evidencia que el Gobierno haya activado los mecanismos establecidos en el TLC para solucionar las diferencias sobre los derechos y obligaciones entre las partes, si es que existen, al contrario, la medida adoptada se tomó de manera unilateral, exponiendo al Estado colombiano ante el riesgo de un proceso de arbitral internacional", afirma la demanda.

Para el demandante, no hay razón para una decisión como la de suspender las exportaciones de carbón a ese país de Medio Oriente, debido a que no existen tensiones que hayan deteriorado las relaciones con Israel, pues no existen declaraciones del Gobierno israelí contra el Estado colombiano.

"La situación entre Colombia e Israel no se ha deteriorado hasta alcanzar un umbral de gravedad necesario para constituir una grave tensión internacional que justifique la adopción de medidas incompatibles con las obligaciones contraídas, tanto así, que Israel no adoptado medida alguna o ha realizado declaraciones en contra del Estado colombiano", añade el recurso.

Además, menciona que el argumento de haber emitido el decreto por "moral pública" no puede ser utilizado como una de las razón para el decreto, debido a que son apreciaciones que pueden afectar la economía de Colombia.

"El argumento de moral pública, no puede ser utilizado de manera ligera para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas, o apreciaciones subjetivas que afecten la economía del país y el bienestar de las regiones", concluye la demanda.

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El accionante solicitó que el Consejo de Estado imponga medidas cautelares, es decir, que suspenda los efectos del decreto temporalmente mientras avanza la discusión del recurso de fondo.