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El Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, instalado en Cúcuta tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, estableció una serie de disposiciones de obligatorio cumplimiento para las autoridades regionales.
A la estrategia de seguridad anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez —que incluye el despliegue de 30,000 uniformados a lo largo de la frontera—, se sumó la declaratoria de alerta amarilla en la red hospitalaria. La medida busca garantizar la atención ante un eventual éxodo masivo de migrantes.
"En este contexto, el Gobierno Nacional hace un llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que cumplan estrictamente con sus obligaciones y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia los territorios fronterizos", señaló el Ejecutivo a través de un comunicado oficial.
Crisis financiera y escepticismo
Pese a los anuncios, en la zona predomina el escepticismo. La crisis del sector salud se agrava por la millonaria deuda que el Estado mantiene con clínicas y hospitales por la atención a la población migrante. El caso más crítico es el del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, cuyas acreencias superan los 180,000 millones de pesos, saldo que aún no ha sido cancelado.
A este panorama se suma la reciente suspensión de servicios y entrega de medicamentos en diversos dispensarios, afectando a miles de usuarios en el departamento de Norte de Santander.
Medidas excepcionales
Ante el complejo escenario social y político en Venezuela, el Gobierno Nacional evalúa declarar la Emergencia Económica, Social y Ecológica en la frontera. Esta figura jurídica otorgaría facultades excepcionales para ejecutar acciones rápidas y oportunas.
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), confirmó que el documento está en fase de evaluación y será remitido próximamente para sanción presidencial. Por su parte, el Gobierno ratificó que el PMU operará de manera indefinida en la zona fronteriza para monitorear la evolución de la crisis.
