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La Corte Suprema de Justicia reiteró la orden dada a la Alcaldía de Medellín y a las autoridades antioqueñas de construir una cárcel para albergar a la población reclusa que se encuentra en graves condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión transitoria o estaciones de Policía del aérea metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia).
"Esos espacios de reclusión transitoria no se encuentran adaptados para albergar, bajo las mínimas condiciones de respeto a su condición humana, una creciente población de personas detenidas preventivamente, sometidas por tal razón a tratos indecorosos, humillantes y discriminatorios”, señalo la Corte.
El Alto Tribunal comprobó que los índices de hacinamiento superan el 1.450%, según los datos suministrados por el Personero Municipal a la Corte.
"El área de habitabilidad para cada interno corresponde a 49 cms en la Estación Candelaria, 68 cms en la Estación Manrique, 60 cms en la Estación Aranjuez, 90 cms en la Meval, 47 cms en la Estación Castilla, 43,38 cms en la Estación Doce de Octubre, 75 cms en la Estación Buenos Aires, 90 cms en la Estación Villa Hermosa, 46 cms en la Estación Belén y 75 cms en la Estación Laureles”, dice la información suministrada.
La orden que ratifica la Corte, fue emitida por el Tribunal Superior de Medellín tras el estudio de una tutela que amparó los derechos de esa población reclusa, los cuales al parecer siguen siendo desconocidos y vulnerados por las autoridades antioqueñas.
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“Es inaceptable que la Alcaldía de Medellín, los municipios del Área Metropolitana y el Gobierno de Antioquia, ante este desastre humanitario, se opongan a acatar el mandato judicial de cumplir con su deber con la urgencia que el caso lo amerita, bajo el argumento simple, ya contradicho, de que el juez de tutela no puede ordenar la realización de obras públicas, como si la ley de presupuesto fuera un obstáculo para impedir la vergüenza institucional que traduce la situación”, dice la tutela.
La Corte hizo mención a los fallos de la Corte Constitucional que ha declarado el estado de cosas inconstitucionales la situación de hacinamiento de las cárceles, señalando que la crisis del sistema “solo puede tener arreglo del rediseño de la política criminal del Estado”, pero advierte que no por ello se puede desconocer la posibilidad de construcción de nuevas cárceles.
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