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La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por $70.243 millones contra funcionarios y contratistas implicados en escándalo de Ministerio de la Tecnologías y las Comunicaciones (TIC).
El organismo de control motiva su decisión en presuntas irregularidades en la planeación adelantada en el trámite de la licitación y el manejo del anticipo del contrato que se suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados y la entidad, para llevar internet a más de 14.000 colegios en el territorio nacional.
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El ente de control vinculó a este proceso a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), entre ellos a Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Adicionalmente al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Corrupción, fueron vinculados "el representante legal de Intec de la Costa S.A.S, Hugo Armando Canabal Hoyos, Juan Sebastián, Vergara Ortega, representante legal de Omega Bulding Constructora , S.A.S ,Miembros del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero, Pmo Solycom Sas, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera, Eurocontrol Sa Sucursal Colombia, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana. y Telemediciones S.A.S., representada legalmente por José María Hougton Pérez identificado con cédula de ciudadanía N. 10.517.446".
La investigación abarca, además, las irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría con ocasión del contrato 1045 de 2020.
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Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10 de agosto de 2021. Es de mencionar que este miércoles, el representante legal del consorcio Centros Poblados fue citado por la Fiscalía General para que responda un interrogatorio, dentro de las investigaciones penales que adelantan por las denuncias sobre presuntas irregularidades en el contrato suscrito con el Ministerio de las TIC .
El objetivo era que el representante legal de Centros Poblados diera explicaciones en torno a varios hechos, como su participación en la suscripción de la póliza de la oferta y de la garantía bancaria en el contrato con el Ministerio, que se señala resultaron ser falsas.
