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Luego de más de siete horas, finalizó la primera parte de la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rocero por el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo.
Tras exponer los argumentos de la necesidad de una medida de aseguramiento, la fiscal Cristina Patiño afirmó que es necesario enviar a los tres imputados a una guarnición militar por razones de seguridad, pues han sido victimas de amenazas por su intensión de delatar a los implicados en el escándalo.
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“La Fiscalía le solicita que de acceder usted a la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, se disponga que ésta se cumpla en guarnición militar. Los motivos que amparan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los imputados”, afirmó la fiscal Cristina Patiño.
Para el abogado Luis Gustavo Moreno, representante de Sneyder Pinilla, indicó que es necesario que se den garantías a la seguridad de los testigos, pues no pueden enviarlos a lugares donde están las personas que van a señalar durante el juicio.
“Ellos no pueden ir hoy a donde están las personas que están señalando, como la ley penitenciaria señala que deben ir a un patio de funcionarios públicos, usted no puede recluir al testigo con la persona que usted está señalando, con la persona a la que va a ir a llevar a juicio como testigo, es absurdo, y hay que darle garantías también a sus familiares”, afirmó el abogado.
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El abogado Francisco Bernate ha insistido en que los testigos sean enviados a una guarnición militar, pues afirmó que el empresario y los exdirectivos de la UNGRD, son testigos que deben ser protegidos.
“Sobre todo porque con ocasión de lo último que se ha conocido, digamos que creo que él sí tiene que ser un testigo protegido. Ni él ni yo hemos hecho un proceso de colaboración, ninguna amenaza, ninguna situación, lo que no significa pues que tampoco lo vamos a llevar a una cárcel común a estar corriendo un peligro innecesario”, afirmó Bernate.
La decisión quedó aplazada, pues las partes deberán estudiar todas las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía, para que hagan sus observaciones y luego el juez tome una decisión.
