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La Fiscalía General le solicitó formalmente al juez 34 de control de garantías de Bogotá cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario al abogado Leonardo Pinilla, conocido con el sobrenombre de 'Porcino'.
En su extensa intervención, un fiscal delegado ante la Corte Suprema aseguró que además de la exigencia de dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus el jurista incurrió en otros actos de corrupción que afectaron gravemente la administración de justicia.
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En este sentido señaló que ofreció sus servicios a integrantes de la Fuerza Pública, congresistas y particulares para conseguirles información privilegiada en la Fiscalía General para ayudarlos con sus procesos.
Considera que esta práctica estuvo desligada de las acciones que adelantó junto al entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivera.
Después de su captura, el 27 de junio de 2017, la Fiscalía General pudo determinar que además de las presiones y exigencias al exgobernador Lyons, el abogado había adelantado otras actividades dirigidas a entregar datos reservados y buscar beneficios judiciales a cambio de una alta suma de dinero.
Los investigadores encontraron en el computador y celular personal de Pinilla varias conversaciones en las que ponía de manifiesto su plan para obtener esta información.
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Fue así, como el abogado oriundo de Montería contactó a varios procesados para señalarles que les podía colaborar con información de las investigaciones que se les adelantaban o favorecerlos con la búsqueda de principios de oportunidad.
En una de esas conversaciones, el profesional del Derecho se comunicó con el coronel Jesús Díaz -quien fungía como comandante de la Policía Metropolitana de Córdoba- y le manifestó lo que debía hacer con uno de sus subalternos que era investigado.
En este sentido le advierte que "no de papaya y no se deje tomar fotos", a lo que el oficial le manifiesta que "no se preocupe" puesto que la persona en cuestión "va para Medellín".
En esas conversaciones, Pinilla le da una serie de recomendaciones. "Se evidencia con miembros de la Fuerza Pública para adelantar actividades alejadas a la ley".
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En otro caso, el abogado le manifiesta a su interlocutor -guardado con el nombre de Alonso- que está buscando contactarse con un magistrado con el fin de fijar la repartición de un proceso ante un juzgado de garantías.
En la charla se manifiesta que la persona que puede hacer eso es de la "cuerda de Jorge Pretelt (en aparente mención con el entonces magistrado de la Corte Constitucional)". Sin embargo, le advierte que él cobra muy alto.
En los audios enviados por medio de la aplicación de WhatsApp -y transcritos por los investigadores- se señala la necesidad de garantizar el reparto de ese caso a una persona de confianza con el fin de "no calentar el tema".
En otra conversación, el abogado penalista habla sobre la necesidad de conseguir un principio de oportunidad en el caso en el que estaba involucrado un congresista.
Debido a estas acciones, la Fiscalía General considera que las acciones de Pinilla están muy alejadas del principio de oportunidad que ya firmó con el ente investigador y el cual fue avalado por un juez.
En la petición de la medida se manifestó que toda la información recolectada en este caso fue obtenida por los investigadores sin contar con la colaboración del abogado que llegó recientemente de los Estados Unidos tras cumplir una condena de un año y medio de prisión por el delito de lavado de activos.
Pinilla fue el encargado de presionar al exgobernador Lyons para que le entregara una alta suma de dinero con el fin de desviar la investigación que se adelantaba en su contra por el 'cartel de la hemofilia' y los malos manejos de los recursos de regalías en el departamento.
