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Los Secretos de D'Arcy Quinn revelaron que en la audiencia del 18 de diciembre contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, un abogado vinculado a la UNGRD acusó al Gobierno Petro de operar como una “empresa criminal” en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la UNGRD y que compromete a los exfuncionarios.
La afirmación generó especial controversia política e institucional. Daniel Libreros, abogado vinculado contractualmente a la UNGRD, acusó directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro de operar como una “empresa criminal”.
La acusación no provino de la oposición ni de un actor externo al Estado, sino de un abogado que, según registros, actúa como apoderado de la propia UNGRD, entidad hoy en el centro del proceso penal.
El abogado que apodera a la UNGRD bajo el liderazgo de Carrillo asumió un discurso frontal en el que señaló al Gobierno Petro como responsable de estructurar una red criminal desde el poder. De forma expresa y sin ambigüedades, Libreros acusó al Gobierno Petro de funcionar como una empresa criminal, tesis que se articula con la hipótesis de una red organizada que habría direccionado proyectos, facilitando el pago de dádivas y coordinando apoyos políticos, utilizando a la UNGRD como eje operativo.
El señalamiento reviste gravedad: no se trata de una crítica administrativa, sino de una imputación política y penal de alto calibre, formulada por un abogado vinculado a la entidad estatal involucrada en los hechos. En el centro del debate reapareció el llamado “cónclave”, una reunión de alto nivel que, según versiones conocidas en el proceso, habría servido para coordinar decisiones políticas y administrativas relacionadas con el presunto esquema de corrupción.
La investigación no solo enloda a exfuncionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Interior, sino que expone fallas estructurales dentro de la UNGRD, hoy bajo escrutinio judicial y mediático.
El episodio dejó una imagen institucional difícil de explicar: un abogado de la UNGRD acusando al Gobierno al que pertenece esa misma entidad de ser una empresa criminal. En términos de gestión pública, el impacto es severo. El caso UNGRD ya no es solo un proceso penal; es una crisis de credibilidad, coherencia institucional y responsabilidad política, agravada por una acusación que surge desde el interior del propio Estado.
¿De qué delitos específicos se acusa a los exministros y cuál es su presunto rol en el esquema?
Los delitos contra la administración pública se encuentran entre los más graves que puede investigar el sistema penal, ya que atentan contra el patrimonio del Estado y minan la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. En este caso, la Fiscalía ha imputado a los exfuncionarios cargos que reflejan una presunta operación coordinada y deliberada para manipular la contratación estatal.
Los delitos específicos por los que son investigados Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son:
- Concierto para delinquir
- Interés indebido en la adjudicación de contratos
Más allá de los cargos formales, la investigación ha evaluado la importancia de su presunto rol dentro de la trama. Según la Sala Penal, Bonilla y Velasco son considerados las presuntas “cabezas” de la organización criminal. Esta posición de liderazgo, según el análisis del Tribunal, refuerza la necesidad de una medida de aseguramiento estricta, pues sugiere un mayor grado de responsabilidad y capacidad de influencia en el esquema. Esta acusación sitúa a los exministros en el epicentro de una compleja red de corrupción con un alcance financiero considerable.
La tesis central de la Fiscalía General de la Nación es que operaba una presunta organización criminal dedicada a direccionar contratos y convenios. Los recursos para estos contratos provenían de dos entidades clave del Estado: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El alcance financiero del esquema es uno de sus aspectos más alarmantes. La investigación ha cuantificado que la red habría gestionado irregularmente contratos por más de 612 mil millones de pesos. Esta estructura ilegal, según los hallazgos, habría operado en un periodo delimitado entre mayo de 2023 y febrero de 2024. La magnitud de los recursos desviados apunta a que el propósito del esquema iba más allá del enriquecimiento personal, conectándose con objetivos políticos estratégicos.
A diferencia de casos de corrupción tradicional centrados únicamente en el lucro personal, la investigación de la Fiscalía sugiere que este esquema tenía un propósito político de mayor alcance: la manipulación de procesos democráticos para avanzar una agenda legislativa específica.
El objetivo central alegado por el ente investigador era asegurar apoyos políticos para impulsar iniciativas clave del Gobierno en el Congreso de la República. El dinero público, presuntamente desviado a través de la contratación irregular, se habría utilizado como moneda de cambio para consolidar mayorías legislativas en favor de las reformas pensionales y de salud, así como de proyectos de endeudamiento que se discutían en el legislativo.
La estrategia, según la acusación, consistía en ofrecer proyectos y contratos financiados con recursos de la UNGRD e Invías a determinados congresistas a cambio de su voto favorable. De manera específica, la Fiscalía indicó que, en junio de 2023, el entonces ministro del Interior habría instruido al exdirector de la UNGRD para intervenir en los debates de la Comisión Séptima del Senado, con el fin de asegurar apoyos para la reforma pensional. Para sustentar estas graves acusaciones, la Fiscalía ha presentado un conjunto de pruebas testimoniales y documentales.
