La nueva 'jugada' de Maduro para intentar disolver el partido de Juan Guaidó

La Fiscalía venezolana pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TJS) que determine si el partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera hasta enero pasado Juan Guaidó, es una "organización criminal" y por tanto disolverlo.

En la petición, enviada a la Sala Constitucional del TSJ, la Fiscalía pide "declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones", anunció el titular del ente investigador, Tarek William Saab.

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Tanto el fiscal general de Venezuela como los miembros del TSJ han sido puestos en entredicho por la oposición por sus vínculos con el chavismo y su polémica elección, considerada fraudulenta.

Un "ciclo de conversión terrorista"

Saab aseguró que la organización política cerró "el ciclo de conversión de Voluntad Popular en organización terrorista trasnacional" con "una fase que comenzó el 23 de enero de 2019", cuando Guaidó juró como presidente interino de Venezuela amparado en una interpretación de la Constitución y fue posteriormente reconocido en el cargo por más de 50 países.

En ese puesto y "valiéndose del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices", según el relato de Saab.

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Además, les acusó de haberse apoderado de diversas empresas estatales y, "con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos", de "dinero perteneciente al país en cuentas ubicadas en el extranjero".

Acusados de financiar la incursión "mercenaria"

"Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil", aseguró en referencia a las dos fallidas incursiones en las que murieron ocho personas.

Tras las mismas, fueron detenidas 66 personas, entre ellos dos exsoldados estadounidenses, Luke Denman y Airan Berry, ambos con identificaciones laborales de la contratista militar Silvercorp, de la que es representante el también norteamericano Jordan Goudreau.

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Precisamente, Saab aseguró que "hay personeros que participaron en estos hechos, como el dueño de Silvercorp, Jordan Groudeau, quien dijo que fue estafado por Guaidó", y uno de sus principales asesores Juan José Rendón, que reconoció haber firmado un contrato preliminar con la empresa estadounidense pero negó haber dado finalmente luz verde a la operación.

Por todo ello, consideró que "los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio" y les acusó de buscar "el cambio de Gobierno por la vía de la implosión social".

Una petición al TSJ para determinarlo

Saab explicó que la Fiscalía ha pedido a la Sala Constitucional establecer si el partido puede ser considerado como "sujeto activo o pasivo de la responsabilidad penal en la comisión de dichos delitos", a fin de garantizar la paz de la República.

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La ley señala que "cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario, financiero o cualquier otro sector de la economía, que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar".

También le pidió determinar "si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa" para Voluntad Popular.

Y finalmente, declarar a VP como "organización criminal con fines terroristas" con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

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"Todo lo solicitado se sustenta en las gravísimas razones de hecho mencionadas que son de conocimiento público, notorio y comunicacional", concluyó.