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El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió "declarar en emergencia" el sistema de justicia "en pleno" y anunció que la muerte de 68 personas en un incendio en una comisaría en el centro del país la semana pasada se produjo en medio de una requisa.
"El exacerbado hacinamiento que existe en las estaciones de policía, la consecuencia de estas lamentables muertes se debe a eso (...) el sistema de justicia en pleno debe declararse en emergencia", afirmó Saab en una entrevista a la emisora privada Unión Radio.
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El funcionario acusó la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias de propiciar el hacinamiento en los calabozos de este centro y pidió que el suceso "sea una gran alerta nacional para que comencemos un trabajo realmente definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de policía".
El que también fuese defensor del pueblo reveló que en la actualidad "hay más de 25.000 privados de libertad en estaciones de policía" de los que 3.000 "ya están condenados" y "no deberían estar ahí" sino ya en una cárcel.
Aseguró que los calabozos policiales "no están hechos para que personas que están siendo procesadas por delitos penales (...) se mezclen con personas que han cometido delitos menores" y que, dijo, "no ameritan tanto tiempo ahí recluidos".
Reveló que el incendio en la comisaria de Valencia, en el céntrico estado Carabobo en el que fallecieron 68 personas la semana pasada, "comenzó con una especie de requisa (...) que luego provocó un incendio por parte de los privados de libertad, que al parecer queman unos colchones".
El que también fuese gobernador del estado Anzoátegui (este) por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sostuvo que hubo "negligencia" por parte de los, hasta el momento, cinco detenidos.
"Fueron ya imputados por el Ministerio Público (MP) por la precalificación más severa, homicidio calificado, negligencia, entre otros tipos penales", sostuvo.
El pasado miércoles 66 hombres y dos mujeres, que estaban de visita en los calabozos policiales, fallecieron en este incendio, en una de las mayores tragedias en el último cuarto de siglo de este tipo en Venezuela.
Opositores y diversas ONG han responsabilizado al Gobierno por las muertes.
El Gobierno venezolano pidió al MP abrir una investigación sobre el hecho y anunció la creación de "un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas".
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones cifra la población reclusa en los calabozos policiales venezolanos sobre 32.600 detenidos, cuando el espacio está acondicionado para acoger a unos 8.500.
Con información de EFE
