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El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que el presidente Iván Duque ha estado lento y no a la altura en la condena inequívoca a las violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional en Colombia.
"El presidente ha estado muy lento y no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido en estas semanas del paro" dijo Vivanco, quien añadió que no creen que exista, en la práctica, algo que demuestre que hay "cero tolerancia" frente a la violencia policial, como lo ha repetido el presidente Duque.
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"Es muy valioso que el Presidente de la República diga, repita e insista en que hay cero tolerancia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía, pero si eso no se traduce en un política concreta, donde los policías entiendan que efectivamente hay cero tolerancia, queda simplemente como parte de una retórica y un discurso que no tiene mayor eficacia".
Vivanco se refirió también a la comparación que hizo el presidente Duque del caso del abogado Javier Ordóñez, asesinado en septiembre de 2020 a manos de la policía, y el de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.
El presidente aseguró que “uno mira el momento del caso de George Floyd en Estados Unidos y luego el de Javier Ordóñez y cuánto se demoraron en ser retirados de la institución, en ser investigados, judicializados y sancionados y vemos una velocidad muy grande en el caso colombiano”.
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Sin embargo, aunque Vivanco reconoció que son casos similares, sí tiene "enormes diferencias", pues en el de Javier Ordóñez, el acusado aceptó su culpabilidad, en el de George Floyd no fue así y fue necesario ir a un juicio.
El director de HRW recordó que el mandatario colombiano ha hecho condenas genéricas de la violencia, "en un ámbito abstracto y teórico" y que "hay que mirarlos en contexto", porque la policía realiza, según el Presidente, "30 millones de procedimientos al año y de esos hay mil o dos mil denuncias de abusos".
Para Vivanco, "ese esfuerzo del presidente da la impresión de que es para minimizar el problema, no hay duda (...) El mensaje que se le pide a la policía no es el de elevar sus niveles de profesionalismo; los casos que hemos detallado en el informe son inadmisibles, inaceptables y deben ser corregidos, investigados, sancionados y prevenidos".
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¿Inflitración de grupos ilegales?
José Miguel Vivanco consideró irresponsable que si no hay pruebas contundentes, el Presidente y otros funcionarios del gobierno colombiano hagan atribuciones genéricas de las manifestaciones a grupos irregulares armados.
"Nos parece que es una gran irresponsabilidad por parte de las máximas autoridades de Colombia hace referencia constantes a este argumento, en esto también ha caído el propio presidente Iván Duque, sin hacer las cualificaciones y el acotamiento que se requiere. Son comentarios genéricos, que tienden a estigmatizar a quienes protestan, aludiendo y argumentando que estarían infiltradas por el crimen organizado, cárteles, mafias o grupos irregulares armados como el ELN".
Para HRW, esas afirmaciones tan graves hay que acompañarlas de evidencias, pero hasta el momento, cuenta Vivanco, lo que han podido documentar son delitos comunes, muchos a manos de jóvenes sin antecedentes penales, y que en efecto, hay bloqueos que la Fiscalía investiga por ser promovidos por crimen organizado.
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Finalmente, José Miguel Vivanco aseguró que hay preocupación en el Congreso de Estados Unidos por la violencia policial en Colombia, porque no es algo ajeno a ese país. HRW y congresistas en Washington han estado trabajando para hacer además que el presidente Joe Biden tome una posición firme sobre lo que pasa en el país.
Sobre los fondos en ayuda militar que aprueba cada año el Congreso de Estados Unidos, Vivanco cree que hay que generar "incentivos para que las reformas anunciadas por el Presidente se traduzcan en mejorías tangibles, no problemas, no cuestiones abstractas, que puedan ser medidas en el corto plazo, y que den inicio a una policía profesional".
La organización ha recibido "denuncias creíbles" de 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las movilizaciones sociales el 28 de abril.
"Human Rights Watch documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano" y llegó a la conclusión de que 34 muertes, incluidas las de dos policías y un investigador judicial, ocurrieron en el contexto de las protestas, y de ellas "al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías".
