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La gestión de Vilma Velásquez, cónsul de Colombia en Puerto Príncipe y esposa de un exmilitante del M-19, está bajo el escrutinio público por múltiples denuncias que ponen en duda su diligencia en el cargo. Las preocupaciones se han intensificado tras la retención, por meses, de recursos enviados por familiares de los 17 militares colombianos detenidos en Haití, acusados de colaborar en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse.
Según conoció la revista Semana a través de fuentes del alto Gobierno, la Casa de Nariño dispone de correos electrónicos enviados por los familiares de los detenidos, en los que solicitan desesperadamente a la cónsul Velásquez la devolución del dinero destinado a sus parientes encarcelados.
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Los militares colombianos están recluidos en condiciones extremadamente precarias. El centro de detención carece de instalaciones adecuadas para la reclusión humana, sin baños ni lugares adecuados para dormir o comer. Los detenidos dependen de la comida sobrante de los oficiales que no asisten a trabajar, y en muchas ocasiones, los 17 hombres deben compartir una ración mínima.
Para mitigar estas condiciones inhumanas, las familias de los detenidos han intentado enviar recursos económicos. Con este propósito, enviaron dinero a la cónsul Velásquez a través de Western Union, esperando que ella lo entregara a sus familiares. Sin embargo, Velásquez no solo recibió el dinero, sino que también se abstuvo de entregarlo a los destinatarios y no respondió a las llamadas ni mensajes de los remitentes.
Las familias, muchas de las cuales viven con recursos limitados y deben recaudar fondos para apoyar a los militares, no solo desconocían la situación exacta de sus parientes, sino que tampoco sabían qué había sucedido con el dinero enviado. Después de varios meses sin respuestas, enviaron un correo electrónico solicitando la devolución inmediata de los fondos.
"Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente con el objetivo de solicitar la devolución inmediata del dinero que le envié en meses pasados y del cual a hoy, después de intentar comunicarme por múltiples canales, no ha sido posible y no tengo respuesta de su parte", se lee en uno de los correos.
Una de las remitentes del correo electrónico expresó su conocimiento de que el dinero debía ser entregado a una persona específica, quien se encargaría de suministrarlo a su familiar en Haití. Sin embargo, la cónsul no brindó ninguna respuesta al respecto, reiterando la necesidad de la devolución del dinero: "Para finalizar este asunto, agradezco me sea devuelto a Colombia por el mismo canal que usé para enviarlo, que fue a través de Western Union". Se confirmó que el monto enviado asciende a aproximadamente 5 millones de pesos y fue enviado desde enero de este año.
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Tras cerca de cuatro meses de silencio, la cónsul finalmente respondió, asegurando que devolvería el dinero lo antes posible. Aunque cumplió con esta promesa, para el Gobierno nacional, Velásquez actuó en contra de sus funciones al aceptar y retener recursos destinados a los reclusos. En el ejercicio de sus funciones consulares, está prohibido recibir dinero para atender a los connacionales, ya que cuentan con algunos fondos destinados a tal fin.
Este episodio se suma a una serie de controversias que han marcado su gestión. Velásquez enfrenta un proceso en el Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores por su falta de gestión con los connacionales presos, y aunque sus actuaciones son de pleno conocimiento, la Presidencia la mantiene en su cargo, con la posibilidad de que, al abrir una misión diplomática en la isla, se convierta en embajadora.
