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Crece la inquietud en el Capitolio por la falta de transparencia de la administración Trump sobre los recientes ataques militares en el Caribe, que Washington atribuye a operaciones contra barcos de tráfico de drogas procedentes de Venezuela. Según reveló NBC News, legisladores republicanos y demócratas han expresado frustración ante la ausencia de información básica sobre la estrategia, la legalidad y la inteligencia detrás de los bombardeos, que ya han dejado 27 muertos desde el 2 de septiembre.
De acuerdo con seis fuentes consultadas por el medio —cinco del Congreso y una con conocimiento directo del asunto—, los informes clasificados y las sesiones informativas del Pentágono han resultado insuficientes. Algunos congresistas incluso solicitaron acceso a videos sin editar de los ataques, pero la Casa Blanca se ha negado a entregarlos.
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“Los republicanos estaban enojados porque los informantes no pudieron responder preguntas sobre la base legal de las operaciones”, afirmó una fuente legislativa. Pese a su habitual respaldo a la Casa Blanca, varios congresistas del Partido Republicano han manifestado dudas sobre la precisión de la inteligencia empleada y el riesgo de que ciudadanos estadounidenses resulten muertos en las misiones.
El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, aseguró en un comunicado que “los miembros del Congreso están siendo plenamente informados”, y subrayó que el Departamento de Guerra ha entregado “numerosos informes con amplios detalles de política, operaciones e inteligencia táctica”. Sin embargo, legisladores de ambos partidos califican los informes de vagos e incompletos, y continúan presionando para conocer quiénes fueron las víctimas, cómo se identificaron como objetivos legítimos y qué pruebas demostraban vínculos reales con el narcotráfico.
La administración ha reconocido haber proporcionado seis informes clasificados en el último mes, pero hasta ahora no ha explicado por qué niega acceso al material audiovisual original. Los videos difundidos en redes sociales por Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth —altamente editados y de baja resolución— han aumentado las sospechas sobre la veracidad de los blancos presentados.
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Los ataques, ordenados directamente por Trump, se dirigieron contra embarcaciones supuestamente vinculadas a redes de narcotráfico venezolanas. En el primero de ellos, el presidente afirmó que el barco destruido tenía conexión con la organización criminal Tren de Aragua, aunque no se han presentado pruebas que lo respalden. Un funcionario dominicano confirmó el hallazgo de drogas en el mar tras uno de los ataques, pero no se ha probado que todas las embarcaciones transportaran sustancias ilícitas.
En el Congreso, la tensión política crece. Una resolución presentada por senadores demócratas para exigir aprobación legislativa antes de nuevos bombardeos fue derrotada por 51 votos contra 48, con sólo dos republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— votando a favor. “¿Es demasiado pedir que sepamos los nombres de quienes matamos antes de hacerlo, que sepamos qué pruebas existen de su culpabilidad?”, cuestionó Paul en el Senado.
Incluso el senador Todd Young, republicano de Indiana que votó en contra de la resolución, advirtió sobre la “legalidad dudosa de los ataques” y alertó sobre el riesgo de distraer recursos militares que podrían ser necesarios en el Pacífico para contener a China. “La administración debe adherirse a la Constitución y mantener informados a los representantes del pueblo”, señaló.
Más de 20 demócratas enviaron una carta solicitando copias de todas las evaluaciones legales y una lista de los grupos designados como objetivos. La senadora Elissa Slotkin, exagente de la CIA, denunció la existencia de una “lista secreta” de organizaciones narcotraficantes clasificadas como terroristas, sin conocimiento del público ni de los comités de supervisión. “Nunca hemos tenido un caso en el que exista una lista secreta de docenas de nuevas organizaciones terroristas”, dijo.
El argumento legal de la Casa Blanca sostiene que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” contra organizaciones narcotraficantes, equiparándolas con grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Sin embargo, expertos y funcionarios del Congreso señalan que Venezuela no es una fuente relevante de fentanilo —droga utilizada como justificación principal—, ya que la mayoría del tráfico hacia EE. UU. ocurre por tierra desde México.
Las dudas aumentaron tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que una embarcación atacada el 3 de octubre era de origen colombiano y transportaba ciudadanos de su país, no venezolanos. También denunció que los bombardeos formaban parte de una “campaña política contra Venezuela”. La Casa Blanca desestimó sus palabras, aunque no negó directamente la posibilidad de que el barco fuera colombiano.
“Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte de su declaración infundada y reprensible”, respondió un portavoz, sin ofrecer más aclaraciones.
