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El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre los riesgos que enfrenta el esquema de subsidios en las tarifas de energía y gas, debido a los retrasos en los pagos por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con ese organismo, la falta de financiamiento oportuno compromete la calidad del servicio, el acceso equitativo y la sostenibilidad financiera del sector.
Principales fallas y riesgos identificados
La Contraloría señaló que las deficiencias en el esquema de subsidios afectan la transparencia en el manejo de los recursos.
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Entre 2014 y 2024, los Fondos de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSRI), el Fondo de Energía Social (FOES) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), han administrado recursos significativos: $25 billones para subsidios eléctricos y $2,4 billones para zonas no interconectadas.
Sin embargo, la necesidad de subsidios ha crecido un 44% en la última década, superando el incremento en la demanda de energía y los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación. "Esta situación genera una presión creciente sobre las finanzas públicas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de subsidios", advirtió Rodríguez.
Desde 2014, la Contraloría ha realizado más de 20 auditorías que han revelado presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190.000 millones. Entre las principales fallas detectadas están:
- Falta de supervisión y control efectivo.
- Inconsistencias en la información.
- Incumplimiento de normas por parte de las empresas prestadoras.
- Riesgos de pérdida de recursos.
- Deficiente coordinación interinstitucional.
- Desarticulación entre dependencias del Ministerio de Minas y Energía.
- Ineficiencia en las inversiones para el ahorro de energía.
El contralor enfatizó que "la falta de un sistema de validación automatizado y una coordinación efectiva compromete la transparencia y efectividad de los subsidios".
Deuda acumulada y riesgos para la prestación del servicio
Uno de los puntos más críticos expuestos por la Contraloría, es la deuda acumulada con las empresas prestadoras del servicio eléctrico, que a diciembre de 2024 ascendía a $2,7 billones. "Este retraso en los pagos afecta la liquidez de las empresas, impactando la calidad del servicio y poniendo en riesgo la continuidad del suministro para las poblaciones más vulnerables", subrayó Rodríguez.
El organismo precisó que en septiembre de 2024 ya había emitido una alerta sobre el posible riesgo de racionamiento o interrupción del servicio para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). "Es urgente que el Gobierno garantice los giros de subsidios de manera oportuna para evitar una crisis energética", sostuvo el contralor.
Problemas en el sector de gas y propuestas de solución
En cuanto al sector del gas combustible, la Contraloría reconoció que entre 2014 y 2023 la cobertura aumentó en un 65%, pero persisten problemas como retrasos en los pagos a las empresas y el contrabando de combustibles líquidos. Además, se evidenciaron diferencias entre los montos proyectados y los valores asignados en el presupuesto, con recortes de hasta el 68% en algunos años.
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Para hacer frente a estos desafíos, la Contraloría propuso:
- Fortalecer los controles y automatizar la asignación de subsidios.
- Implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI) para mejorar la focalización.
- Ajustar las fórmulas tarifarias para optimizar la sostenibilidad del sistema.
- Garantizar una programación anual y oportuna de los pagos.
