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En entrevista con La FM, el exmiembro y expresidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Guillermo Echeverri Vélez, se refirió a la decisión de la junta directiva de la petrolera luego de la imputación de cargos contra su presidente, Ricardo Roa, y sostuvo que la situación evidencia problemas en el gobierno corporativo de la compañía.
Gobierno corporativo e idoneidad del presidente de Ecopetrol
Echeverri afirmó que la decisión de la junta solo puede entenderse como un intento de “tapar un tema que de culpa grave pasó a dolo hace mucho rato”. Según explicó, el gobierno corporativo de la empresa se afectó desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, debido a que, en su concepto, el actual presidente de la compañía no cumple con las características ni la idoneidad exigidas por las normas internas y por los mercados internacionales de valores.
De acuerdo con el exdirectivo, esta situación ha tenido consecuencias financieras. Señaló que la empresa ha perdido el 82 % de sus utilidades y que la acción ha registrado caídas constantes. “Ecopetrol ha perdido el 82 % de sus utilidades”, afirmó. Atribuyó estos resultados a decisiones como detener la exploración petrolera y despedir personal técnico calificado, lo que, según indicó, impactó la operación y la confianza del mercado.
Al ser consultado sobre cómo explicar a socios e inversionistas internacionales que el presidente de la principal empresa del país está imputado y enfrenta riesgo de terminar en la cárcel, respondió que “no hay manera” de justificarlo ante los mercados. Sostuvo que existe una correlación directa entre la situación jurídica del presidente y la reputación de la compañía.
Impacto en la reputación, la deuda y el riesgo país
Echeverri aseguró que el escenario actual incrementa el riesgo económico, encarece la deuda de la empresa y, en última instancia, afecta el riesgo soberano del Estado colombiano. Indicó que la situación jurídica del presidente tiene efectos en la percepción internacional y en las condiciones de financiamiento de la petrolera.
En relación con el riesgo reputacional, afirmó que el umbral cambió de forma drástica durante el actual gobierno. Manifestó que la empresa ha perdido dos terceras partes del valor de todo el grupo empresarial, lo que, a su juicio, refleja el impacto de las decisiones adoptadas.
También se refirió a la transición energética y señaló que se dejó de lado un proyecto proyectado a 40 o 50 años, el cual, según dijo, garantizaba la seguridad financiera del Estado y la inversión en las regiones a través de regalías. Afirmó que ese plan fue enviado “al tarro de la basura”.
El exintegrante de la junta sostuvo además que la reputación internacional de la compañía está “en el suelo”, porque, según expresó, el mundo percibe que la empresa está manejada por alguien interesado en asuntos ajenos a su objeto social. Añadió que esta percepción influye en la valoración de la empresa y en la confianza de los inversionistas.
Frente al papel de los organismos de control, manifestó su extrañeza por la aparente falta de acción de la Superintendencia y de la Contraloría General de la República. Comparó la situación con administraciones anteriores, en las que, según indicó, existía una vigilancia más rigurosa.
En el cierre de la entrevista, Echeverri envió un mensaje sobre el manejo de las empresas públicas vinculadas a los mercados internacionales. Advirtió que los gobiernos futuros no deberían interferir en la operación de la petrolera ni en otras compañías que dependan de inversionistas y financiamiento externo.
Señaló que el problema de fondo es la tensión entre mantener libertades democráticas y de mercado o avanzar hacia lo que denominó una “dictadura constitucional”. Concluyó que las empresas que cotizan y se financian en mercados internacionales deben operar bajo criterios técnicos y no políticos, con el fin de preservar la confianza y la estabilidad financiera.
