La FM en Google News
-1200x675.jpg?w=1200)
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno expedirá decretos de inversión forzosa en el marco de la emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba. Según explicó, la medida busca movilizar recursos del sistema financiero hacia sectores estratégicos para atender la situación y dinamizar áreas clave de la economía.
La propuesta contempla, junto con un impuesto al patrimonio, recaudar cerca de $8 billones. Petro ha señalado que el objetivo es orientar el crédito hacia actividades productivas específicas, especialmente aquellas que requieren impulso estatal.
Aunque se trata de una propuesta que aún debe ser reglamentada, el anuncio abrió el debate sobre el alcance de la medida y su posible impacto en el ahorro de los colombianos.
Qué son las inversiones forzosas dentro del sistema financiero
Las inversiones forzosas son un mecanismo mediante el cual el Estado obliga a las entidades financieras a destinar un porcentaje de los recursos que captan del público como depósitos en cuentas de ahorro, corrientes o CDT, hacia sectores determinados por el Gobierno, generalmente con tasas de interés inferiores a las del mercado.
Miguel Alejandro Peña Cubides, contador público, magíster en tributación, docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores, explicó que esta figura no es nueva en Colombia.
“Ya ha existido, por ejemplo, en el sector agropecuario a través de instrumentos como Finagro. Lo que cambia ahora es la magnitud y los sectores que eventualmente podrían incluirse”, señaló.
Por su parte, José Vidal Castaño Ramírez, economista de la Universidad Nacional, magíster en Historia y profesor universitario, explicó que la inversión forzosa puede operar de dos maneras: obligando directamente a prestar en ciertos sectores o exigiendo la compra de títulos emitidos por el Estado para financiar esos créditos.
Los depósitos de los colombianos sí hacen parte del sistema financiero
Uno de los principales temores frente a la propuesta de inversión forzosa es si el dinero que los ciudadanos tienen en cuentas de ahorro, corrientes o CDT estaría comprometido.
Miguel Alejandro Peña Cubides explicó que, técnicamente, los recursos que los bancos prestan sí provienen de los depósitos del público. Ese es el modelo básico del sistema financiero: la intermediación.
“Los bancos captan dinero de los ahorradores y luego lo colocan en forma de créditos. No es que utilicen dinero propio aislado; trabajan con los recursos que reciben del público. Por eso, si el Gobierno establece una obligación de destinar parte de esos recursos a sectores específicos, los depósitos entran dentro de esa dinámica”, señaló.
Sin embargo, el experto aclaró que esto no significa que las personas vayan a ver descontado su dinero ni que exista una confiscación.
Lo que cambia no es la propiedad del ahorro, sino el destino que el banco puede darle a una parte de esos recursos.
José Vidal Castaño explicó que el sistema financiero colombiano opera bajo estrictas reglas de liquidez y solvencia que obligan a las entidades a mantener reservas y cumplir indicadores de respaldo patrimonial.
Además, recordó que existe el seguro de depósitos administrado por Fogafín, que protege el dinero de los ahorradores hasta un monto determinado en caso de que una entidad financiera quiebre.
Impacto en los CDT y en los fondos privados de pensiones
Uno de los puntos que más inquietud genera frente a la propuesta de inversiones forzosas anunciada por el presidente Gustavo Petro es su posible efecto sobre los CDT y los fondos privados de pensiones, dos de los principales instrumentos de ahorro de los colombianos.
Miguel Alejandro Peña Cubides explicó que en el caso de los CDT no habría una pérdida del capital, pero sí podría verse afectada la rentabilidad.
“Si a los bancos se les obliga a prestar parte de sus recursos a tasas inferiores a las del mercado, su margen se reduce. Para compensarlo, pueden ajustar la tasa que pagan por los depósitos, incluidos los CDT”, señaló.
En la práctica, esto podría traducirse en nuevos CDT con rendimientos más bajos, especialmente si la medida es amplia o se mantiene en el tiempo. El impacto dependerá del porcentaje de recursos que el Gobierno obligue a redireccionar.
En cuanto a los fondos privados de pensiones, explicó que el efecto dependerá de si los decretos incluyen a los inversionistas institucionales.
“Si se exige a los fondos invertir en instrumentos con menor rentabilidad que otras alternativas del mercado, el crecimiento del ahorro pensional podría ser más lento”, indicó.
Castaño aclaró que no se trata de una expropiación ni de una pérdida inmediata del dinero, sino de un posible menor rendimiento en el largo plazo.
“En el régimen de ahorro individual, la pensión depende directamente de la rentabilidad de las inversiones. Si esa rentabilidad baja, el saldo acumulado al final de la vida laboral podría ser menor”, explicó.
Por ahora, las inversiones forzosas hacen parte de una propuesta anunciada dentro de la emergencia económica. Su impacto real dependerá del porcentaje que se obligue a destinar, los sectores incluidos y las condiciones bajo las cuales se implementen.
Los expertos coinciden en que no se trata automáticamente de una amenaza al ahorro, pero sí de una medida que podría modificar la rentabilidad que reciben los colombianos por su dinero en el sistema financiero.
El debate apenas comienza y estará marcado por la reglamentación concreta que expida el Gobierno en las próximas semanas.
