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La Fiscalía General determinó que se fijó para el próximo 11 de marzo la primera audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol por el delito de tráfico de influencias.
Este caso se relaciona con la presunta adquisición irregular de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá y un posterior favorecimiento contractual.
González indicó que el señor Juan Guillermo Mancera se vio presuntamente beneficiado con contratos otorgados por empresas filiales de Ecopetrol, tras un negocio previo con Roa para la compra del inmueble.
“Este caso se relaciona con el tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento que todos ustedes ya conocen”, dijo el fiscal González.
No pedirá envío a prisión del presidente de Ecopetrol
La Fiscalía señaló que por ahora este organismo no pedirá medida de aseguramiento contra Ricardo Roa pese a que cuenta con abundantes elementos probatorios en su contra.
De ser hallado culpable por el delito de tráfico de influencias Ricardo Roa se podría enfrentar a una eventual condena de entre cuatro a ocho años de prisión.
Las pruebas aportadas por la defensa de Roa
La defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, radicó en su momento ante la Fiscalía un paquete con 76 folios que contenían el conjunto de pruebas de toda la trazabilidad financierapara buscar demostrar que fue legal la compra en 2023 del lujoso apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá.
El abogado Juan David León, indicó que dentro de las pruebas aportadas se encuentran copia de los contratos suscritos, cheques, extractos financieros y bancarios y los demás prestamos que adquirió Ricardo Roa para cancelar la respectiva obligación.
Así mismo, sostuvo que de acuerdo con las evidencias, la adquisición del lujoso inmueblese hizo por un monto que ascendió a los 1.800 millones de pesos.
“La trazabilidad establece que se pagaron 1.800 millones de pesos, como está determinado no solamente en la escritura, sino en la promesa y en la trazabilidad financiera, la cual estuvo patrocinada por grandes sumas a través de créditos bancarios que le permitieron a Ricardo Roa contar con la solvencia financiera para realizar el pago”, dijo el jurista.
Enfatizó que la adquisición de vivienda no puede ser entendida como sinónimo de una irregularidad y más aún cuando se ha cancelado la totalidad del precio acordado en el marco del respectivo contrato.
