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El presidente Gustavo Petro firmó nuevamente el decreto que mantiene el aumento del salario mínimo en 23,7%, decisión que se da en medio de un ambiente político tenso y del debate sobre el impacto fiscal y económico de la medida, mientras distintos sectores reaccionan a favor y en contra del ajuste.
La muerte del niño Kevin Arley Acosta, afiliado a la Nueva EPS, desató una tormenta institucional: el Gobierno se vio obligado a defender su actuación, la Fiscalía ordenó practicar pruebas para determinar posibles responsabilidades de la EPS, la Procuraduría pidió un informe detallado de sus finanzas y la Contraloría advirtió que ya había alertado la gravedad de la crisis, mientras crecen las denuncias de pacientes por falta de medicamentos y atención oportuna.
En la antesala de las elecciones, el registrador nacional Hernán Penagos respondió con firmeza a las críticas de Gustavo Petro sobre riesgos de fraude, formularios E14 y auditorías a los softwares electorales, recalcando que la Registraduría no tiene superior funcional y que “nadie le va a enseñar a hacer las elecciones”, lo que eleva la tensión entre el Gobierno y la organización electoral.
El excontralor Felipe Córdoba decidió renunciar al aval del Partido Conservador para la candidatura presidencial alegando falta de garantías en las reglas internas y anunció que continuará en la contienda por firmas con el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”, movida que agudiza las fracturas dentro del conservatismo y reconfigura el mapa de aspirantes.
La junta directiva de Ecopetrol resolvió mantener a Ricardo Roa como presidente de la compañía pese a la solicitud de imputación de cargos por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022, activando protocolos de debida diligencia y monitoreo del impacto reputacional y bursátil, y destacando que, según la empresa, Roa ha cumplido con su deber de lealtad al informar a la junta y permitir la evaluación de posibles riesgos para la estatal.
La crisis del sistema de salud se profundiza con múltiples frentes: exministros advierten que la desfinanciación y el desacato institucional ponen en riesgo la vida de los pacientes, tribunales como el de Buga llaman la atención a la Nueva EPS por abandonar a sus usuarios, los afectados reportan falta de medicamentos vitales e insumos básicos, y casos como el de niños que esperan vacunas o tratamientos urgentes muestran que lo de Kevin Acosta no es un hecho aislado sino parte de un colapso más amplio.
