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Ante la difícil situación de violencia que se presenta en algunas ciudades en el marco del paro nacional, han surgido voces pidiendo al presidente, Iván Duque declarar el estados de conmoción interior.
Los uribistas, por ejemplo, consideran que esta herramienta es fundamental para garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos en medio del caos.
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 213, le permite al jefe de Estado acudir a la conmoción interior, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.
La declaratoria del estado de conmoción interior podrá hacerla el presidente de la República, con la firma de todos los ministros en todo el territorio nacional o en parte de él, por un término no mayor a 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales.
“Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”, se indica en la Constitución.
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La conmoción interior le daría facultades al mandatario para restringir las manifestaciones sociales, tomar el control de algunos medios de comunicación y emitir otras medidas. Adicionalmente, las autoridades podrían ordenar la detención de ciudadanos sobre los cuales haya indicios de la presunta comisión de varios delitos.
La norma señala que dentro de los tres días siguientes a la declaratoria de conmoción interior, el Congreso deberá reunirse para examinar la situación y estudiar el informe que le presente el presidente de la República con las razones por las cuales se decidió acudir a esta figura.
Sin embargo, el Gobierno Nacional por ahora ha descartado la utilización de esta figura para garantizar el orden público en medio de las manifestaciones ciudadanas.
