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Según el documento de la Procuraduría, este tipo de prohibiciones para mantener la convivencia en los inmuebles y propiedades no están en contra del derecho a la igualdad promulgados dentro de la norma.
Para la Procuraduría, existen argumentos que advierten lesiones y agresiones a personas, inclusive muerte a otros perros por parte de razas que están contempladas dentro del nuevo Código de Policía y que según la norma, deben estar regulados por el legislador.
“Para el Ministerio Público, dicha norma debe leerse de manera sistemática con las disposiciones legales que regulan la copropiedad (Ley 675 de 2001), y en ese sentido es claro que su utilización en casos concretos involucra necesariamente la aplicación del debido proceso”, señala el documento.
La norma analizada por la Procuraduría está consignada en el artículo 129 del Código de Policía que expresa el control de los caninos potencialmente peligrosos en zonas comunes.
“En los conjuntos cerrados, urbanizaciones y edificios con régimen de propiedad horizontal, podrá prohibirse la permanencia de ejemplares caninos potencialmente peligrosos, a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes y por decisión calificada de tres cuartas partes de las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad”, advierte la norma.
