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El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Galeano, señaló que las mafias dedicadas a importaciones ficticias y devoluciones irregulares de impuestos podrían estar detrás del asesinato de Gilberto Calao, director de Aduanas, ocurrido en la mañana de este miércoles en Tuluá, Valle del Cauca.
“Al parecer, mafias asociadas a este tema de las importaciones ficticias tendrían que ver con el infortunado caso del asesinato de Gilberto Calao”, afirmó Galeano, al referirse a las irregularidades que la entidad viene investigando en los procesos aduaneros y tributarios.
El director explicó que estas prácticas buscan engañar al Estado para acceder a beneficios como los del Plan Vallejo y para obtener devoluciones tributarias indebidas. Según Galeano, este problema no es reciente y ha afectado durante años el recaudo del país. “Hay toda una mafia en el tema de las devoluciones, que no solamente es un problema muy grave de gestión para la DIAN, sino también desde el punto de vista fiscal”, indicó.
De acuerdo con sus estimaciones, las devoluciones irregulares podrían alcanzar cerca de 8 billones de pesos, una cifra que, según dijo, representa una erosión importante del recaudo neto y tiene impacto macroeconómico.
En su intervención, Galeano también advirtió sobre fallas estructurales en los sistemas tecnológicos que controlan las importaciones. Detalló que el sistema de selectividad, que define qué mercancías son inspeccionadas, presenta vacíos que permiten que cerca de una tercera parte de las operaciones no queden sujetas a control y pasen directamente por canal verde, sin inspección.
Además, reconoció que se han detectado intrusiones fraudulentas en los sistemas informáticos. “Ha sido posible que algunas personas entren y cambien la selectividad de la mercancía para que pase, por ejemplo, de rojo a naranja o de naranja a verde”, señaló.
Proyecto de transformación tecnológica
Frente a esta situación, Galeano indicó que la DIAN avanza en un proyecto de transformación tecnológica para reemplazar el sistema SYGA y ajustar otros aplicativos clave. De los 250 millones de dólares previstos para esta modernización, ya se han ejecutado 99 millones.
En cuanto a las devoluciones tributarias, aseguró que se han empezado a frenar los mecanismos automáticos y a reforzar las revisiones. “El ritmo de las devoluciones ha disminuido fundamentalmente en el último trimestre”, afirmó, tras recordar que desde agosto, por solicitud del CONFIS, se pidió una revisión más estricta de estos procesos.
Desde la Casa de Nariño, Eva Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, reveló hallazgos de una investigación que apunta a una red criminal al interior de la DIAN, con manipulación de sistemas informáticos, ingreso de mercancía de contrabando y fallas graves en los controles tributarios y aduaneros.
Inspecciones dentro de la DIAN
Por su parte, Eva Madrid aseguró que, desde 2022, la Agencia del Inspector General de Tributos ha realizado 29 inspecciones dentro de la DIAN, en las que se evidenció la operación de una red criminal que utiliza la manipulación tecnológica para facilitar el contrabando.
“Logramos descubrir cómo se está manejando una red criminal dentro de esta entidad. Los sistemas están siendo adulterados y alterados”, afirmó Madrid. Según explicó, las irregularidades se concentran en tres plataformas: SYGA, Siglo XXI y Lucía.
De acuerdo con la funcionaria, a través de estos sistemas se modifican datos de empresas legalmente constituidas para favorecer el contrabando técnico. “Cambian los NIT de empresas legales por los de operadores económicos autorizados o entidades del Estado, y así ingresan mercancía sin ningún control”, señaló.
La investigación también detectó que en distintos puertos operan personas que ya no son funcionarias de la DIAN, otras que nunca lo han sido, e incluso usuarios correspondientes a personas fallecidas. “Encontramos siete personas fallecidas que seguían haciendo levantes automáticos de mercancía”, dijo Madrid.
Aunque se identificaron tres áreas estratégicas de la DIAN comprometidas en estos hechos, la directora explicó que no serán mencionadas por tratarse de investigaciones en curso. También advirtió que en el mercado negro se estarían vendiendo cuentas de funcionarios para realizar operaciones ilegales.
Dentro de los hallazgos, la Agencia identificó 32 empresas legales que estarían importando mercancía de contrabando mediante el uso indebido de los NIT de operadores económicos autorizados. En Santa Marta, además, se detectaron irregularidades en la importación de vehículos diplomáticos. “Se están ingresando vehículos de alta gama, se sobrepasan los valores permitidos y se adulteran documentos a nombre de diplomáticos”, indicó.
Madrid agregó que en las zonas económicas especiales no se estarían aplicando controles adecuados, lo que estaría facilitando la evasión tributaria aprovechando los beneficios fiscales de estas áreas. También se encontraron prescripciones de obligaciones en remates de bienes por inactividad procesal y presuntas irregularidades en avalúos realizados por peritos.
Manipulación del RUT
En materia tributaria, la directora denunció manipulaciones en el Registro Único Tributario para permitir el ingreso ilegal de materiales de minería. A esto se suma un detrimento estimado en más de 3.000 millones de pesos por malos procedimientos en devoluciones de IVA.
Finalmente, señaló fallas en el control de viajeros en aeropuertos como Cartagena y Medellín, y procesos jurídicos que habrían permitido devoluciones de dinero sin cumplir requisitos legales. “Se encontró un hallazgo por 44 mil millones de pesos, que hoy está en manos de la Procuraduría”, afirmó.
Según explicó, toda la información fue trasladada a la Fiscalía y a la Contraloría, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Finalmente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que el funcionamiento del aparato productivo y las políticas económicas de los últimos años buscan fortalecer los ingresos del Estado, pero advirtió que prácticas como el contrabando y la evasión están afectando de manera directa ese objetivo.
“Todas estas medidas están orientadas a que el Estado cuente con los recursos necesarios para atender los proyectos sociales”, afirmó Ávila, al referirse a acciones como el incremento del salario mínimo y la reducción del desempleo. Según explicó, estos esfuerzos se reflejan en los ingresos tributarios, que sostienen tanto el funcionamiento como la inversión del Gobierno.
El ministro indicó que los fenómenos de contrabando, evasión y dilución del recaudo actúan como un freno para el desarrollo económico. “Estas situaciones son frenos a la capacidad de acción del Gobierno para implementar los proyectos sociales”, dijo.
Ávila reconoció que, aunque en los últimos años se ha registrado un crecimiento en los ingresos tributarios, este ha sido inferior a las metas de recaudo planteadas. “Hemos mejorado, pero los resultados han estado por debajo de las expectativas que nos habíamos trazado”, sostuvo, y agregó que una de las explicaciones está en el incremento del contrabando y en la intervención de los mecanismos de control de la DIAN.
